El 14 de diciembre finaliza una barrera que impide el ingreso de zapatos de menos de u$s 15,80. La baja del consumo y la apertura, combo letal.
La industria del calzado, en el precipicio
La industria del calzado perdió 7800 puestos de trabajo desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. El sector redujo su dotación un 43% respecto de los 18.000 empleados que tenía a fines de 2023 y registró el cierre de 240 fábricas. Ahora teme recibir el golpe definitivo el 14 de diciembre, cuando vence la medida antidumping que impide importar calzado chino por menos de u$s 15,80.
La crisis calzadista se acelera: una industria que fabricaba 108 millones de pares en 2023 terminó 2025 con una producción de 80,4 millones.
Los fabricantes locales de calzado reclaman que el Gobierno mantenga la protección antidumping que prohíbe importar calzado de cuero, de moda urbana, de vestir de alta gama y de seguridad industrial, proveniente de China que ingrese con precios por debajo de u$s 15,80.
La medida rige desde 2021 con el argumento de evitar la competencia desleal y proteger a la industria argentina.
Lo que está en juego son pymes nacionales de marcas reconocidas como Viamo, Franco Pasotti, Calzados Ferli, Kioshi, Grimoldi, Claris Shoes, Praxis, Tosone, Gravagna, JR Boots and Shoes, Kangas Shoes, Ombú, Anca & Co, Careva, Saverio di Ricci, Heyas, Jaguar Shoes, Paruolo, Giorgio Beneti, Fragola, Fiori, Addnice, Gaelle, John Foos y Ringo, entre otras decenas de marcas.
“Todas las marcas que producen en Argentina están en peligro”, dijo a Letra E Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), y agregó: “Con estas políticas aperturistas, Chile y Uruguay hicieron desaparecer su industria del calzado; en Argentina vamos en ese camino”.
Moschetto aseguró, por ejemplo, que en 2025 Chile importó 30 millones de pares de zapatos y el precio declarado en la Aduana fue u$s 2 por par.
El dato forma parte de las pruebas que aportó la CIC ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que preside María Soledad Britti, que es el organismo que evalúa si es necesario mantener la protección arancelaria contra el calzado chino o liberar la importación.
“Presentamos pruebas y demostramos que se vende calzado chino en Argentina a precios superiores a los que tienen en China", aseguró Moschetto.
Indonesia lidera el ranking de origen de las importaciones, con un 30% de los pares importados. Le siguen Brasil y Vietnam con el 27% y China con una participación del 8%, contenida por la medida antidumping que vence antes de fin de año.
China fabrica 12.000 millones de pares de zapatos y zapatillas por año y todos coinciden que no hay forma de competir por precio, el freno al gigante es una definición de política industrial. En la Gala Endeavor Argentina 2026, el presidente Milei subrayó que "Argentina tiene un coeficiente de apertura comercial del 30% y debería tener uno de 90%”.
El 19 de noviembre empresarios del sector, acompañados por trabajadores y representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), marcharán a la Secretaría de Industria nacional que conduce Pablo Lavigne.
La industria argentina del calzado reúne a más de 750 fábricas o talleres, la mayoría ubicadas en el conurbano provincial, la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Los fabricantes nacionales advierten que si el Gobierno libera la importación de calzado chino sin restricciones de precios, decretará el final para la industria del sector en el país, que registra una confluencia letal de problemas: el primero de la lista es la baja del consumo.
Otras dificultades son el aumento de importaciones de calzado de Vietnam e Indonesia con precios finales por encima de los costos de fabricación local, el incremento del contrabando y la falsificación marcaria de productos que se distribuyen en todo el país: por caso, el informe publicado en octubre por la consultora MAP Latam estimó que el 10% del mercado de calzado deportivo en Argentina corresponde a mercadería de contrabando.
Otro es el aumento de la venta directa sin impuestos a través de las plataformas digitales. La indumentaria y el calzado en general ocupan más del 30% de las compras que hacen los argentinos vía Temu, Shein o Ali Express. Y según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), hasta septiembre de 2026, esas importaciones sumaron u$s 960 millones, una cifra superior a las compras de todo 2025.
En diálogo con Letra E, Guillermo Aguilar, titular de la fábrica Kangas Shoes, advirtió que "la industria del calzado junto a la textil son las primeras que funcionan como fusible o predecesoras de una crisis, y en este contexto esta crisis es terminal o, como benevolente, más profunda".
Kangas fabrica hace 25 años en La Tablada, partido bonaerense de La Matanza, todas las líneas de calzado —del número 17 al 45— para bebés, chicos, damas y hombres. Actualmente ocupa a cuatro personas, y llegaron a ser 20 trabajadores. En 2012 vendía más de 1000 pares por día; actualmente apenas 120.
“Toda la mercadería importada del sudeste asiático nos afecta, incluso mucho más que la que proviene de Brasil, pero el principal problema es el empobrecimiento de la gente en el mercado interno, a la que no les alcanza para comprar zapatos”, dijo Aguilar.
El empresario explicó que “toda la cadena está en crisis: los comerciantes que no pueden pagar el alquiler y no nos pagan la mercadería y nuestros proveedores de suelas, de ojalillos y de capelladas que tampoco venden”.
Salomón Ramírez Santacruz es dueño de la fábrica De La Cruz, en diálogo con Letra E aseguró que "toda la cadena de producción está en una crisis muy profunda, casi terminal; por la baja de las compras y el quiebre de la cadena de pagos. Y por la invasión de mercadería importada".
En 2025, casi el 40% del consumo nacional se abasteció con productos importados y el 60% restante lo aportó la producción nacional.
El ministro Toto Caputo visitó en Catamarca la planta de Confecat S.A., que fabrica indumentaria y calzado para la industria de la marca Ombú, y en la Conferencia de UIA mencionó como un caso de éxito por inversión y tecnificación. En rigor, la empresa llegó a trabajar tres turnos y ahora funciona uno solo.
Casi en contraposición, el dueño de la empresa, Carlos Muia, que también es presidente de la Unión Industrial de Catamarca, resaltó: “Le dije a Caputo que no estamos en Disney”. Y le detalló la situación: “Nos hace daño la apertura indiscriminada; si dejás que entre todo importado, lo que hacés es romper la industria nacional. Nos hacen pelear contra un peso pesado como China en condiciones desfavorables".
La medida antidumping en revisión tiene un impacto diferente en el segmento del calzado deportivo, en el que conviven dos grupos de empresas. Por un lado, las marcas globales, como Adidas, Puma y Nike; por otro, las firmas locales como Topper, Kioshi, Jaguar, Addnice, Gaelle, John Foos y Ringo, entre otras.
Fuentes del sector advirtieron que el 95% de las zapatillas deportivas que se fabrican en el mundo proviene de Asia, principalmente de Indonesia, Bangladesh, Vietnam y China. En Argentina, el 80% del calzado deportivo comercializado también tiene origen chino.
El mercado local está liderado por Adidas, seguida por Puma, Topper y Nike. Sin embargo, las estrategias de producción e importación de las compañías presentan diferencias. “Si evaluás el costo de ensamblar cada par en Argentina, nos convendría importarlo”, aseguró a Letra E un funcionario de una de las marcas que todavía mantiene una planta en actividad.
Adidas y Nike importan todos sus modelos desde China a precios superiores al valor mínimo establecido por la medida antidumping. Por esos productos pagan un arancel de importación equivalente al 20% de su valor.
Hasta julio de 2026, Nike, Adidas, Fila y Umbro fabricaban algunos de sus modelos en la planta de la empresa brasileña Dass, ubicada en Eldorado, en el norte de Misiones. La firma cerró definitivamente y dejó 150 trabajadores sin empleo.
Otra compañía brasileña, Coopershoes, también abandonó la actividad en su fábrica de Las Flores, donde elaboraba productos para Converse. Ambos cierres reflejaron el retroceso de la capacidad de producción de calzado deportivo en el país.
En cambio, para sostener sus plantas argentinas, Puma y Topper, con establecimientos en La Rioja y Tucumán, consiguieron que el Gobierno flexibilice parcialmente la medida antidumping.
A partir de esa modificación, las empresas pueden importar zapatillas desarmadas desde China y completar el ensamblado en el país mediante el pegado y la costura de las suelas con la capellada. Ese procedimiento les permite evitar el pago del arancel externo y mantener la fabricación local.
