Incentivos fiscales y exigencias ambientales para promover inversiones. Más regulaciones a las big tech y desarrollo local. La contracara del modelo Milei.
La alegrIA es solo brasileña: Lula, los data centers y la inteligencia artificial soberana
Imagen generada con IALula da Silva quiere convertir a Brasil en un polo de inteligencia artificial (IA) soberana y reducir su dependencia tecnológica de China y Estados Unidos. Para eso, el gobierno impulsa inversiones en data centers y establece condiciones para que una parte de esa infraestructura quede al servicio del mercado brasileño.
La estrategia contrasta con el modelo de la Argentina de Javier Milei, que apuesta a atraer capitales con beneficios fiscales y sin exigencias de energía limpia, agua ni capacidad para el mercado local.
En su discurso del 25 de octubre en San Pablo, tras su reelección, Lula afirmó que no quiere “depender de la inteligencia artificial china o estadounidense” y que busca “crear una inteligencia artificial brasileña”. También propuso aprovechar la energía renovable del país para atraer centros de datos, con una condición: que las empresas reserven una parte de su capacidad de procesamiento para usuarios brasileños, desde compañías locales hasta universidades y organismos públicos.
El mandatario también cuestionó la influencia de las plataformas digitales en la política y anticipó una regulación más estricta. “No podemos tener empresas monstruosas, ganando millones y miles de millones, sin pagar ningún impuesto en este país y tratando de direccionar el resultado electoral”, sostuvo.
Durante la campaña, el Partido de los Trabajadores acusó a Meta de interferir a favor de Flávio Bolsonaro. La empresa de Mark Zuckerberg reconoció que, el 23 de septiembre, suspendió durante una hora la cuenta publicitaria de Lula, aunque atribuyó la interrupción a errores técnicos.
A diferencia de regímenes fiscales pasivos de atracción de inversiones, la política pública brasileña supedita la concesión de los beneficios del Régimen Especial de Tributación para Servicios de Datacenter (ReData) al cumplimiento de exigencias operativas, ambientales y de inversión en la economía local. La orientación gubernamental busca evitar que el país se limite a alquilar su territorio y recursos energéticos para el procesamiento masivo de datos sin capturar valor tecnológico ni fortalecer su tejido productivo interno.
Para Beatriz Busaniche, directora ejecutiva de la Fundación Vía Libre, una IA soberana requiere un sistema científico y tecnológico que permita a Brasil gestionar de manera autónoma las tecnologías de aprendizaje automático y de toma de decisiones automatizadas.
La especialista señala que la infraestructura es uno de los componentes centrales de esa estrategia. Brasil trabaja desde hace tiempo en políticas para instalar y regular centros de datos, con una exigencia específica de capacidad de cómputo para el desarrollo tecnológico nacional.
A diferencia de Brasil, dice Busaniche, la Argentina tiene importantes desafíos en infraestructura, en especial en supercómputo, necesario para desarrollar grandes modelos de lenguaje y sostener la investigación científica y académica. Según la especialista, la política basada en el RIGI y las decisiones del gobierno libertario avanzan en una dirección opuesta a la de la administración de Lula.
Según DataCenter Map, Brasil cuenta con más de 200 centros de datos listados en 38 mercados de Brasil 198 instalaciones. Tiene, además, una capacidad instalada cercana a los 800 megavatios (MW), lo que lo posiciona como el principal polo de centros de datos de América Latina.
Brasil cuenta con varios proyectos de data centers en construcción. El martes, luego de la reelección de Lula, un grupo de inversores de Espírito Santo anunció un centro de datos para inteligencia artificial en Baixo Guandu, con una inversión de 7400 millones de reales. El proyecto prevé una capacidad inicial de 100 MW y la posibilidad de llegar a un gigavatio (GW). La obra promete entre 300 y 500 puestos de trabajo, aunque todavía debe precisarse el empleo previsto para la operación.
“No es un proyecto para atender solo al mercado local”, dijo el empresario Mário Rodrigues a A Gazeta. Sin embargo, el régimen brasileño establece que las empresas beneficiarias deben reservar al menos el 10% de los servicios incentivados para el mercado nacional.
Otro desarrollo que está en marcha es el de la empresa china ByteDance, desarrolladora de TikTok, con una inversión de u$s 38.000 millones para la construcción un centro de datos en Porto do Pecém, en el estado de Ceará. También expresaron interés en el mercado brasileño Huawei y Alibaba.
También Scala Data Centers avanza en la construcción de múltiples instalaciones en el estado de San Pablo y en el megaproyecto Scala AI City en el sur del país.
Por otra parte, un consorcio estadounidense integrado por la gestora de activos BlackRock, Microsoft y xAI, la empresa de Elon Musk, participó en una operación de compra de Aligned Data Centers por u$s 40.000 millones. La compañía gestiona instalaciones en Brasil y es la empresa matriz de la brasileña Odata.
El 15 de septiembre, Lula sancionó la ley 15.504/2026, que creó el ReData. El programa ofrece beneficios fiscales para equipos tecnológicos destinados a instalar, modernizar o ampliar centros de datos, bajo condiciones vinculadas con la infraestructura informática nacional, la investigación y la sostenibilidad.
La norma suspende durante cinco años determinados tributos federales sobre los equipos utilizados para instalar o ampliar esas instalaciones. Entre ellos figuran el impuesto de importación, el PIS/Cofins y el impuesto sobre productos industrializados (IPI). El gobierno calcula que los equipos representan hasta el 85% del costo de instalación de un centro de datos.
A cambio de esos incentivos, las empresas deben abastecerse con energía renovable o de baja emisión, respetar un índice de eficiencia hídrica que no supere los 0,05 litros de agua por kilovatio-hora y publicar informes de sustentabilidad sobre sus consumos.
ReData también exige una inversión en investigación en Brasil equivalente al 2% del valor de los equipos elegibles y la disponibilidad nacional del 10% de los servicios incentivados. Esta última obligación puede sustituirse por una inversión adicional en investigación equivalente al 10% del valor de esos equipos.
“Otra cosa en la que Argentina va en sentido contrario a Brasil es la regulación. Es una cuestión muy compleja y supone grandes desafíos. No se trata de regular una tecnología, sino de muchas regulaciones: desde las vinculadas con los contenidos —la regulación de Lula sobre la prohibición de las apuestas también tiene que ver con el sector tecnológico— hasta las referidas a la instalación de infraestructura” explicó Busaniche a Letra E y hace hincapié en los requisitos mencionados que pone el ReData para con las empresas.
En Argentina, el instrumento para atraer inversiones de gran escala es el súper-RIGI. La iniciativa tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde junio, con 130 votos a favor y 106 en contra, y contempla sectores como los grandes centros de datos para inteligencia artificial.
El esquema establece una inversión mínima de u$s 1000 millones y ofrece una alícuota del impuesto a las ganancias del 15%, frente al 25% del RIGI vigente y al 35% de la tasa general mencionada en el proyecto. También contempla beneficios cambiarios y aduaneros, además de estabilidad normativa por 30 años.
En el Senado, el oficialismo aceptó cambios para conseguir el respaldo del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). Entre las modificaciones figuran la obligación de construir subestaciones eléctricas propias para los centros de datos, un piso de proveedores locales y la creación de un registro público de proyectos.
Uno de los casos mencionados es Chubut, donde Green Capital proyecta un centro de datos de u$s 3000 millones con abastecimiento energético propio, sin conexión a la red. Para completar la evaluación del proyecto, resta incorporar información verificada sobre la disponibilidad hídrica de la zona o la posición del gobierno provincial.
Brasil y la Argentina buscan captar inversiones en inteligencia artificial y ampliar su infraestructura digital, pero sus instrumentos plantean condiciones diferentes. Mientras el esquema brasileño vincula los incentivos fiscales con compromisos ambientales, investigación y capacidad local, el debate argentino se concentra en las condiciones para atraer grandes capitales y en las obligaciones que asumirán las empresas.
