Casi u$s 22 millones del Fondo del Servicio Universal irán a Starlink. El acuerdo evita una licitación y traslada costos y riesgos a las provincias.
Javier Milei le regala un negocio redondo a Elon Musk
En tiempo récord, el gobierno de Javier Milei, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), oficializó el contrato con la empresa tecnológica Starlink, de Elon Musk, para llevar conectividad satelital a 6000 escuelas rurales de todo el territorio nacional.
Si bien la iniciativa busca cerrar la brecha digital en establecimientos con servicio deficiente o nulo, las resoluciones 663/2026 (Boletín Oficial del 29/07) y 857/2026 (Boletín Oficial del 02/09), encienden las alarmas por la falta de transparencia, los plazos exprés y un esquema financiero que resulta un negocio redondo para la empresa estadounidense y un compromiso futuro para las deprimidas economías provinciales.
La magnitud del proyecto es millonaria: se asignaron u$s 21.876.000 del Fondo del Servicio Universal (FSU) que administra el Enacom. De ese total, Starlink "donará" u$s 9.978.000 en equipos y dos años de servicio, mientras que el Estado aportará u$s 11.898.000 para cubrir instalación, soporte técnico y un tercer año de conectividad.
Intervenido por Milei desde el inicio de su gestión, el Enacom maneja el FSU con discrecionalidad. La celeridad de la operación fue un anticipo de las irregularidades del proceso: la compañía presentó su "Carta de Intención" el 15 de julio, y el 23 de julio, apenas ocho días después, el interventor Juan Martín Ozores, firmó la Resolución 663/2026 sin realizar ninguna objeción.
Este trámite ultrarrápido omitió cualquier instancia de concurso público, licitación o compulsa con otros actores del sector. El diputado Agustín Rossi presentó pedidos de informes para conocer los fundamentos de esta decisión y por qué no se consideraron alternativas como ARSAT, la empresa estatal.
Por otra parte, como apuntó el periodista David Cayón, la valuación fue establecida unilateralmente por Starlink. Al prorratear el costo total por cada establecimiento, el precio de la conectividad resulta superior al abono residencial estándar que la propia empresa comercializa en el país.
El mecanismo de “donación” es, en los hechos, un esquema de facturación cruzada donde la presunta "donación" inicial de hardware funciona como una pantalla para convalidar un cobro mensual decidido por el operador.
A esto se suma que el Gobierno puso el carro delante del caballo, porque el Enacom se apuró a formalizar el contrato sin identificar previamente a las escuelas necesitadas de conexión, sin consultar a las provincias y municipios que las gestionan, y sin que el Ministerio de Capital Humano (que desmanteló buena parte de la estructura de Educación) tenga capacidad operativa para hacerlo.
Esta falta de articulación con las áreas educativas de todos los niveles de gobierno atenta contra la sostenibilidad del proyecto, cuyo financiamiento nacional finaliza al tercer año.
A partir de ese momento, las jurisdicciones adherentes deberán hacerse cargo de los costos de la conectividad establecidos por Starlink. Lo que se presenta como una donación se transforma en la "primera cuota gratis" de un servicio gravoso para sistemas educativos subnacionales resentidos por salarios devaluados, desinversión y el "mayor ajuste de la historia".
Además, al estar nominado en dólares, cualquier devaluación del peso disparará automáticamente el gasto presupuestario local, sumando mayor incertidumbre fiscal.
Para blindar a la empresa de Musk, el Anexo II de la Resolución 857/2026 fija condiciones cuestionables: si una escuela seleccionada no puede conectarse por deficiencias técnicas o de infraestructura local, Starlink no tiene la obligación de sustituirla ni de reintegrar los montos asignados.
En caso de autorizarse un reemplazo excepcional, las gestiones y costos correrán por cuenta de la provincia. El acuerdo le otorga, además, una indemnidad total de responsabilidades.
Operadores del sector de las telecomunicaciones señalan off the record que el acuerdo expone el trato preferencial de Milei hacia su venerado Musk. Con apenas dos años y medio en el mercado argentino, Starlink pasa a capitalizar fondos públicos acumulados durante años en el FSU gracias a los aportes de los mismos prestadores locales que actualmente quedaron excluidos de la compulsa.
