Pymes: una propuesta para aliviar impuestos y recuperar 90.000 empleos
La caída de la actividad industrial y la pérdida de empleos impulsan una propuesta de alivio fiscal para las pymes. El proyecto busca eximir de impuestos el incremento de la producción para incentivar inversiones, ampliar turnos y recuperar 90.000 puestos de trabajo, sin reducir la carga tributaria sobre el nivel de actividad existente.
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La iniciativa es la primera propuesta de campaña de los hermanos Santiago Passaglia y Manuel Passaglia y la presentaron ante la Cámara de Diputados. El proyecto contempla que las industrias que aumenten su producción respecto del año anterior no paguen impuestos adicionales por ese excedente. El beneficio alcanzaría al Impuesto a las Ganancias y al impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque, durante un período de 48 meses.
El esquema no supone una eliminación general de tributos ni una reducción sobre la actividad existente. Las empresas seguirían tributando por su nivel habitual de producción, pero el incremento quedaría exento. La apuesta es que la diferencia en la carga fiscal funcione como un incentivo para producir más, ampliar turnos, recuperar mercados y contratar personal.
Pymes: una propuesta para aliviar impuestos y recuperar 90.000 empleos
Los impulsores sostienen que el país cuenta con unos u$s 60.000 millones invertidos en fábricas, instalaciones y maquinaria que podrían aprovecharse mejor. El argumento apunta a una capacidad instalada que, en lugar de requerir nuevas inversiones de gran escala para ponerse en marcha, necesita condiciones económicas que permitan recuperar niveles de actividad.
Capacidad instalada y empleo
El acceso al beneficio estaría condicionado a que los sectores industriales registren una utilización promedio de su capacidad instalada inferior al 75%, de acuerdo con los relevamientos del INDEC. Según los datos citados en la presentación, 11 de los 12 sectores industriales relevados se encuentran por debajo de ese umbral.
La condición busca concentrar el incentivo en actividades con margen para crecer a partir de instalaciones existentes, en lugar de subsidiar indiscriminadamente a todo el entramado productivo. La medida también alcanzaría a las ventas destinadas al mercado interno y a las exportaciones, con la intención de evitar que el estímulo quede limitado a un solo canal comercial.
El objetivo laboral es recuperar alrededor de 90.000 empleos industriales, una cifra que los promotores equiparan con los puestos formales perdidos desde noviembre de 2023. El número funciona como uno de los principales argumentos políticos del proyecto, aunque su concreción dependerá de la respuesta de las empresas, la evolución de la demanda y la capacidad de transformar el alivio fiscal en producción y contrataciones efectivas.
La discusión sobre el costo fiscal y la competitividad
El diseño intenta diferenciarse de una reducción impositiva generalizada. Al mantener la tributación sobre el nivel de actividad previo, la propuesta busca limitar el costo fiscal inicial y asociar el beneficio a una expansión verificable de la producción. Sin embargo, el Estado resignaría recursos sobre el crecimiento que se genere durante los cuatro años de vigencia.
El desafío será determinar cuánto de esa producción adicional se explica realmente por el incentivo y cuánto habría ocurrido de todas formas. También deberá establecerse cómo se medirá el incremento de actividad, qué mecanismos evitarán distorsiones entre empresas y de qué manera se controlará el acceso al beneficio. La actualización de los topes tributarios por inflación sectorial aparece como otra pieza central para evitar que el esquema pierda efectividad con el paso del tiempo.
La discusión se inscribe en un escenario en el que el Gobierno de Javier Milei apuesta por la desregulación, la apertura comercial y la estabilidad macroeconómica como condiciones para atraer inversiones. Desde el sector industrial, en cambio, persisten reclamos por la presión tributaria, el costo energético, el financiamiento, la infraestructura y la competencia con productos importados. La iniciativa busca intervenir sobre uno de esos factores, aunque no resuelve el resto de las restricciones que enfrentan las fábricas.
Una propuesta que busca salir del debate electoral
Los autores del proyecto, Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, y Manuel Passaglia, diputado provincial bonaerense, presentaron la medida como una herramienta para estimular la producción sin comprometer el equilibrio fiscal. Ambos se lanzaron recientemente como candidatos a presidente por el espacio Hechos y eligieron la política industrial como eje de su primera propuesta de campaña.
En paralelo, enviaron una carta a los gobernadores de las 23 provincias y al alcalde porteño para promover incentivos similares en las jurisdicciones. La convocatoria busca ampliar el alcance de la iniciativa y sumar respaldo territorial, aunque por ahora no se informaron adhesiones concretas de mandatarios al esquema.
El planteo también interpela al Gobierno nacional, que ofrece incentivos para grandes inversiones en sectores como petróleo y minería. La discusión que abre el proyecto es si ese esquema puede extenderse a las empresas que ya están radicadas, producen, emplean trabajadores y necesitan recuperar escala para competir.
La propuesta todavía debe atravesar el debate legislativo y precisar su instrumentación. Su principal apuesta es que una menor carga tributaria sobre la producción adicional se traduzca en más actividad, inversión y empleo. El interrogante es si el incentivo alcanzará para poner en marcha máquinas, recuperar turnos y sostener puestos de trabajo en una economía en la que la demanda y los costos siguen condicionando las decisiones industriales.