Apoyó al candidato derechista, pero gana gobierne quien gobierne. Expansión de la frontera agrícola y retenciones cero, las diferencias con Argentina.
El agro de Brasil apostó por Flávio Bolsonaro, pero el modelo sobrevive a las urnas. Retenciones cero, subsidios, investigación pública y apertura comercial atraviesan la grieta y el sector se sienta a negociar con Lula da Silva con la certeza de que las bases están aseguradas.
Hace 25 años, Argentina y Brasil producían prácticamente la misma cantidad de granos. Actualmente, el país vecino produce más del doble y, desde 2000, logró sacar una ventaja cercana a los 1550 millones de toneladas, el equivalente a 12 cosechas récord argentinas. Si fuera un partido de fútbol, sería desempatar y ganar por goleada.
De cara a su cuarto mandato, Lula deberá sostener las bases que permitieron el boom productivo, económico y demográfico y atender los puntos sensibles de la actividad: la morosidad, la logística y la agenda ambiental.
De este lado del río Paraná, el agro atribuye el éxito brasilero, en gran medida, a la ausencia de retenciones. Pero el Estado también sostiene el modelo promoviendo, desde hace décadas, el financiamiento público y privado.
“En Brasil nunca se intervino en la rentabilidad del productor, y ese es un punto de partida central para cualquier actividad privada”, explicó a Letra E Iván Ordóñez, economista especializado en la agroindustria del país vecino.
Desde los años sesenta, el gobierno brasileño subsidia tasas a través del programa Crédito Rural, con líneas específicas según la escala del productor. Cada año, el Plan Safra, coordinado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA), organiza el financiamiento y combina préstamos a tasas subsidiadas y de mercado.
Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el subsidio a las tasas promedió u$s 3000 millones anuales durante los últimos 25 años. Mientras tanto, en Argentina se recaudó, en promedio, u$s 5000 millones al año en materia de retenciones.
A ese apoyo público se le suma el crédito privado, en gran medida por la Cédula de Producto Rural (CPR), un instrumento de warrant vigente desde 1994 que permite utilizar activos vivos, desde el cultivo en pie hasta las cabezas de ganado como garantía para tomar crédito.
El batacazo brasilero necesitó de la expansión de la frontera agrícola. El diamante en bruto era el centro-oeste del país, con grandes extensiones ganaderas que necesitaron de la tecnología para convertirse a la soja.
El informe del Cippec, elaborado por Ordóñez, estima que entre 2000 y 2024 el área cultivada del centro-oeste aumentó un 292%, y en la conquista del Cerrado participó el Estado. Cuando no había interés privado en apostar por esa área, fue el Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), el INTA brasileño que logró regular la acidez de los suelos y desarrollar variedades aptas para producir ahí.
“El Embrapa nunca perdió su lugar desde que fue fundado en 1973, a pesar de haber atravesado gobiernos militares, de izquierda y de derecha”, evaluó el politólogo brasileño Daniel Vargas, quien aseguró a Letra E que ese fue “otro de los núcleos del modelo brasileño que nadie discutió en la campaña”.
Luego del aporte de la investigación pública, el avance sobre la sabana brasileña lo concretaron los productores, que en los últimos 25 años multiplicaron por seis la inversión en agroquímicos y duplicaron la dosis de fertilizantes aplicados. “No solamente hubo alguien que investigó, sino también un privado que dijo 'tengo rentabilidad y voy a poner la plata en el lote'”, destacó Ordóñez.
La conquista de la frontera agrícola tuvo un costo ambiental. MapBiomas estima que, entre 1985 y 2025, el Cerrado perdió 51,7 millones de hectáreas de vegetación nativa, y, de cara a las exigencias ambientales de Europa, eso preocupa en el país vecino. Es una agenda a la que Lula adhiere y que, en parte, genera chispazos con la producción.
“El sector siente que el gobierno de Lula lo mira con desconfianza, más como un problema ambiental que como motor económico”, sostiene Vargas. El presidente se abraza a la deforestación neta cero para 2030, la recuperación de las pasturas degradadas y la trazabilidad individual del ganado.
Aunque sin negar abiertamente esa agenda, Bolsonaro habló de relativizar las exigencias y dejar de importarlas desde el otro lado del Atlántico. En verdad, asegura Vargas, “la apertura comercial es una prioridad común y nadie propone romper lazos con quienes les compran”. Sea Estados Unidos, Europa, o China, que adquiere en Brasil casi tres de cada cuatro toneladas de soja que importa.
El agro dejó en claro que el modelo no se toca, pero necesita ajustes importantes. La principal preocupación son las altas tasas, ante un déficit fiscal sostenido. “Al productor agropecuario brasilero se le ha vuelto muy caro financiarse a pesar de que tiene subsidios”, evaluó Ordóñez.
En los últimos cuatro años, las tasas al sector se duplicaron del 6% al 12% y el Banco Central estima que casi 10% del dinero prestado a productores está actualmente en mora.
Aunque Lula no esquivó el tema en campaña, la razón económica fue central en el apoyo abierto del agro a Bolsonaro. “Si el problema es el costo del dinero, la salida pasa por la confianza en las cuentas públicas, y el mercado leyó que con Flávio el riesgo bajaba”, estimó Vargas.
También vuelve a estar en agenda la infraestructura, que todavía exhibe serias deficiencias a pesar de la apuesta que hizo Brasil en rutas, ferrocarriles y puertos para acompañar la expansión de la frontera agrícola y el aumento demográfico. Con distancias de traslado muy grandes, el precio de los fletes dispara los costos.
El almacenamiento de granos es otro punto crítico: el país vecino cosecha más de 350 millones de toneladas, pero no tiene capacidad para más de un tercio de lo que produce. “Eso obliga al productor a vender apurado, cuando el precio es peor”, explicó el politólogo brasileño, que asegura que esa será una de las tantas deudas pendientes para el próximo mandato.
