El oficialismo cerró acuerdos para el miércoles próximo. Diez plantas bonaerenses y 500 empleos directos quedaron bajo amenaza por el nuevo reparto del mercado.
Biocombustibles: pymes regionales advierten que el proyecto de Patricia Bullrich las funde
La Libertad Avanza cerró acuerdos y se encamina a conseguir dictamen el próximo miércoles para modificar el régimen de biocombustibles. Frente a ese avance, las pymes bonaerenses activaron una ofensiva para frenar el proyecto: advierten que la provincia, responsable de cerca del 40% del biodiésel según el sector, podría perder producción frente a las grandes compañías radicadas en Santa Fe.
La disputa se concentra en el proyecto S-809/26, presentado por la senadora Patricia Bullrich, que propone modificar el esquema vigente. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) sostiene que la iniciativa trasladaría mercado desde industrias del interior hacia firmas concentradas alrededor del complejo agroexportador del Gran Rosario.
El director ejecutivo de Cepreb, Federico Martelli, aseguró que el cambio no implica una verdadera liberalización del mercado.
“No es desregulación ni libre mercado. Es cambiar una regulación por otra que modifica arbitrariamente a sus beneficiarios”, afirmó en un documento difundido por la cámara empresaria.
Las compañías regionales reclaman que el biodiésel reciba un tratamiento similar al previsto para el bioetanol. El proyecto contempla segmentos diferenciados para la producción basada en caña de azúcar y maíz. Para Cepreb, ese mismo criterio debería reconocer las diferencias estructurales entre las plantas del interior y los establecimientos ubicados cerca de los puertos santafesinos.
El sector también rechaza la división entre empresas “integradas” y “no integradas”. Según Martelli, esa clasificación deja de lado variables determinantes como la cercanía a la materia prima, la infraestructura y la logística. La cámara propone, en cambio, una segmentación regional que permita competir entre compañías con condiciones productivas comparables.
La presión bonaerense se apoya en el impacto territorial. Cepreb estima que diez plantas de biodiésel ubicadas en Saladillo, Ramallo, Pilar, Daireaux, Junín y Bahía Blanca sostienen 500 empleos directos y alrededor de 3000 puestos indirectos vinculados con transporte, logística, insumos y servicios.
El propio informe presenta una inconsistencia en ese punto: su cuadro resumen consigna “cinco ciudades”, aunque luego enumera seis localidades bonaerenses. Más allá de esa diferencia, calcula un valor generado cercano a los u$s 415 millones anuales y advierte que una caída de actividad también afectaría la recaudación municipal.
El impacto alcanzaría además a la cadena de extrusado de soja. Según Cepreb, Buenos Aires concentra 96 establecimientos de ese tipo distribuidos en más de 50 localidades. Esas fábricas producen el aceite crudo que utilizan las elaboradoras de biodiésel y sostienen entre 750 y 960 puestos directos, de acuerdo con las estimaciones del relevamiento.
Letra P ya había contado las objeciones empresarias al proyecto de Bullrich y la denuncia sobre un eventual beneficio para las grandes cerealeras.
Cepreb también cuestiona que la iniciativa modifique antes de 2030 las reglas fijadas por la ley 27.640. Para la cámara, ese cambio afecta inversiones realizadas bajo un marco regulatorio todavía vigente.
“La Argentina necesita desesperadamente inversión. Y para invertir se necesita previsibilidad”, sostuvo Martelli.
Con el dictamen cada vez más cerca, la disputa dejó de ser únicamente sectorial. Las empresas reclaman que la representación bonaerense lleve el debate al Congreso y defienda una actividad con fuerte peso industrial en la provincia.
Para las pymes, la votación del miércoles definirá si el nuevo régimen amplía la competencia o acelera la concentración del biodiésel alrededor de Santa Fe.
