Los movimientos del Gobierno se han vuelvo bruscos en los últimos meses, con funcionarios tomados con la guardia baja por una realidad que no atinan a controlar. A las marchas y contramarchas que le impuso la corrida cambiaria de abril y mayo, se suma ahora la disposición a facilitar el otorgamiento de aumentos salariales de emergencia, mientras se espera una reapertura de paritarias que ya ha borroneado la distancia semántica entre la “revisión” y el “gatillo”.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la trinidad de la Jefatura de Gabinete mantuvieron en el último tiempo reuniones con sectores empresariales, pero la pata sindical había estado ausente. Esa omisión se reparó este miércoles, con objetivos múltiples. Por un lado, el de “vender” el inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, el de frenar la amenaza de un paro general. Y, en relación con lo anterior, el de paliar un daño que el Gobierno le infligió a la sociedad y a sí mismo con su porfía de la inflación del 15%: un daño de salarios que pierden por goleada y frenan la economía.
En el Gobierno hablan de la necesidad de volver a buscar consensos, algo que describen como una vocación que ha sido permanente. Sin embargo, eso contrasta con la presión que hasta ayer nomás el Ministerio de Trabajo impuso en las negociaciones salariales con la cifra fetiche del 15%.
El 2019 electoral ya preocupa, porque la economía se está frenando demasiado de golpe y no es tan claro que las cabezas políticas del Gobierno logren en el bienio 2018-2019 la remake de 2016-2017: devaluación y ajuste primero; gasto, crédito, reactivación y triunfo electoral después. A diferencia de entonces, el Fondo mete hoy la cola con sus exigencias.
La orden de Mauricio Macri es anticiparse a una conflictividad sindical inevitable después de la megadevaluación y la licuación de los salarios. Si bien esto último es una condición de manual para el ajuste que se viene, el impacto de una inflación que casi duplica los aumentos salariales resulta indigerible. Más en una economía en la que el consumo representa dos tercios del total.
Mariano Kestelboim, economista de la Universidad Nacional de Avellaneda, le dijo a Letra P que “el Gobierno actuó rápido al convocar a la CGT porque necesita, al menos, conservar su imagen de tener capacidad de diálogo. Es una bandera de este Gobierno y le ha dado buenos frutos, especialmente en relación con lo hecho por el gobierno anterior. Pero va a tener que ceder en algo, porque hasta el momento, en el proceso inflacionario, los trabajadores vienen siendo la principal variable de ajuste”.
“Hablo especialmente de los trabajadores de menores ingresos, que son los que más sufren, dado que lo que más aumenta son los precios de los bienes y servicios de consumo insustituible: tarifas de servicios públicos, alimentos y medicamentos, básicamente”, agregó.
El empeño anunciado este jueves por Dujovne resulta, por otro lado, un tanto desprolijo, dado que, al “sugerirles” a los empresarios que aumenten salarios un 5% entre julio y agosto, a cuenta de las cláusulas de revisión, el Gobierno mete la mano en lo que se supone son negociaciones entre partes.
Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis, le dijo a este medio que “lo más significativo que tenemos ahora por delante es la incertidumbre. Es cierto que la economía se enfría con menores salarios reales, pero me parece que la principal causa de desaceleración pasa por la baja del impulso fiscal, por el cambio de precios relativos que dejó la devaluación y por el consiguiente enfriamiento del sector construcción privada”.
De cualquier modo, el economista sostuvo que “eventualmente van a tener que reacomodar salarios si, efectivamente, la inflación termina siendo la que proyectamos las consultoras y no la que dice el Gobierno”. Hay que recordar que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) recabado por el Banco Central arrojó que el año terminaría con un incremento de los precios del 27% y que hay especialistas que la elevan aun más.
“No hay duda de que el clima social va a ser áspero”, completó el economista de Elypsis.
En tanto, la ex ministra de Economía bonaerense Silvina Batakis explicitó las urgencias al ser consultada por Letra P: “El 30% es el piso de inflación para este año. Y para las familias y empresas la tasa de interés del 40% es destructiva”.
En ese contexto, la brecha entre salarios atrasados y precios que no dejan de crecer hace difícil esperar la llegada de las “cláusulas de revisión”, que, según lo firmado, deberían activarse hacia septiembre u octubre, con extremos como marzo establecidos en el curioso acuerdo paritario de UPCN, firmado apenas tres días antes de que el propio Gobierno considere insuficiente la actualización del 15%.
Zelpo imagina un desfiladero estrecho para el Gobierno. “No creo que vayan a ceder significativamente” en términos de compensaciones salariales, arriesgó, “porque les puede pasar lo mismo que a Michel Temer: dar demasiado pronto el brazo a torcer y después perder el control para poder gestionar. Porque todo el mundo saldría enseguida a pedirle cosas al Gobierno”.
La mención se refiere a la reciente huelga de camioneros en Brasil, que comenzó como una protesta por el aumento de los combustibles y que derivó en una crisis social y política mayúscula, en la que el jefe del Planalto hasta tuvo que entregar la cabeza del titular de Petrobras, Pedro Parente, para terminar con piquetes que desabastecieron gravemente al país y paralizaron la economía.
La causa de esa conmoción fue la desregulación e internacionalización de los precios en los surtidores, una versión brasileña de la “doctrina Juan José Aranguren”. Pablo Moyano advirtió días atrás sobre una protesta “a la brasileña”, y los bloqueos de los accesos a Buenos Aires del último miércoles fueron una muestra gratis de un conflicto que nadie desea.
Por una vez anticipándose a las crisis y tratando de dejar de correrlas desde atrás, el Gobierno intenta curarse en salud.
