Escándalos internacionales como el de “Panama Papers” y el de “Paradise Papers” pusieron en el primer plano del debate internacional el lado oscuro del capitalismo global: el de las guaridas fiscales y las sociedades offshore. Se trata de un fenómeno poco comprendido, pero que se suele distinguir por el mal olor que emana y cuya revelación suele aparejar caídas de funcionarios importantes y hasta de jefes de Estado en diversos lugares del mundo. Ahora bien, ¿su simple tenencia es sinónimo de delito?
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) definió a ese tipo de sociedades como “entes constituidos fuera del país de residencia de quienes las constituyen o utilizan”. Se establecen, claro, en los llamados “paraísos” o “guaridas fiscales”, es decir “jurisdicciones que atraen actividad de personas no residentes que, en general, presentan como característica la baja o nula imposición a determinados negocios, inversiones o ingresos; escasa o nula regulación en materia de control; fácil utilización de fideicomisos o de otros vehículos corporativos; y elevado nivel de confidencialidad, basado en leyes de secreto impenetrables”.
Va de suyo que el objetivo de quien establece una firma de este tipo es el ocultamiento de patrimonio, lo cual no necesariamente constituye un delito. Lo esencial, en ese sentido, es distinguir entre evasión y elusión de impuestos: éticamente ambas prácticas pueden ser condenables, pero no ocurre lo mismo desde el punto de vista de la persecución penal. Así, es habitual que las mayores empresas del mundo tengan sede en paraísos fiscales, también definibles como “enclaves extraterritoriales”, justamente para aprovechar la ventaja que otorgan estos de una presión tributaria muy escasa o incluso nula.
Una derivación de lo anterior tiene que ver con las sucesiones. Radicar activos en territorios que no gravan las herencias representa una ventaja evidente.
Estos son, desde ya, los costados más benignos de las firmas offshore. Todo el resto va del gris al negro, comenzando por la omisión de declararlas ante el fisco del país de residencia de la persona en cuestión. Por ahí pasa hoy buena parte de los problemas actuales del ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo.
Una excusa habitual de quienes fugan dinero, no solo en la Argentina, es que el haberlo enviado a ese tipo de guaridas puso a salvo patrimonio que, de otro modo, habría quedado expuesto a las repetidas confiscaciones que hizo el Estado lo largo de las últimas décadas, desde el plan Bonex al “corralón”, pasando por los defaults de deuda pública. Pero si ese dinero o la tenencia de propiedades de diferente tipo no están declarados debidamente al fisco, de la elusión se pasa a la evasión. Y eso, lógicas de protección patrimonial aparte, sí es una violación de la ley.
El problema es que el ocultamiento de la titularidad de los activos, la marca a fuego de las firmas offshore, las convierte en el vehículo ideal para el flujo global de dinero negro de todo tipo, desde el proveniente de la evasión tributaria hasta el que genera el narcotráfico o el que financia al terrorismo. Esas sociedades se suelen constituir como mamushkas, entidades superpuestas en las que una es dueña de otra y esta, de la siguiente, de modo de maximizar aquel ocultamiento de identidades. Así, resultan sumamente funcionales al lavado de activos, esto es la reintroducción en el circuito formal de una economía de activos provenientes de actividades delictivas.
Silvina Martínez, la ex diputada nacional, ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia y asesora de Margarita Stolbizer le dijo hace poco a Letra P que “cuando hay una sociedad offshore, no hay una finalidad muy santa que digamos. En la casi totalidad de los casos sirven para ocultar patrimonio”. “Por eso, cuando se las detecta, hay que investigar, porque se las arma para evitar la detección de recursos”, insistió.
Según algunas estimaciones, el 70% del dinero que circula por el mundo offshore proviene de la evasión de impuestos. Del resto, un 25% surge de las diferentes variantes del crimen organizado y el resto, de la corrupción.
En tanto, el grupo británico Tax Justice Network señala que la evasión propiamente dicha genera cada año en todo el mundo unos 3,5 billones de dólares, lo que fue aportando a un stock que ya supera los 30 billones, algo así como la mitad del PBI mundial.
Que el mundo offshore sea, además de sede de empresas o personas físicas que simplemente aprovechan ventajas impositivas, una verdadera cloaca del capitalismo global, en la que anidan el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la plata evadida y el producto del narcotráfico ha hecho que organismos internacionales como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el FMI, foros como el Grupo de los 20 y todos los países centrales hayan puesto el foco en combatirlo. Eso, aun cuando países como Estados Unidos y el Reino Unido conservan enclaves offshore dentro de sus propios territorios.
Esa ofensiva internacional está achicando los márgenes para operar en las guaridas y cada vez más países y territorios quieren salir de las listas “negras” o “grises” para evitarse problemas políticos y sanciones financieras. Esa, sobre todo, fue la causa del éxito del blanqueo de capitales impuesto por el Gobierno de Mauricio Macri en el comienzo de su gestión.
¿Quiénes blanquearon, mayormente sin repatriar activos, actuaron por confianza en la nueva Argentina? Para algunos puede haber sido así. Pero la razón de fondo hay que buscarla en que esconder dinero resulta cada vez más difícil.