La entrada en vigor este martes de la reducción de las contribuciones patronales y la unificación gradual de las alícuotas proporcionará un alivio a las empresas en sus costos laborales, pero genera polémicas entre los especialistas respecto de sus efectos sobre la formalización del mercado de trabajo y sobre los déficits de la ANSES y del propio Estado nacional.
El paso, previsto en la reforma tributaria aprobada por el Congreso en diciembre último, debía regir desde marzo pero se efectiviza ahora debido a la disponibilidad de la nueva versión del aplicativo del Sistema de Cálculo de Obligaciones de Seguridad Social (SICOSS) en la página de la AFIP, que permitirá procesar las cargas correspondientes a los salarios de febrero.
El mínimo no imponible para las contribuciones patronales establecido en el nuevo marco arranca en $ 2400 y debe llegar a $ 12.000 en 2022, momento desde el que se actualizará en base a la evolución de la inflación.
Asimismo, comienza un proceso de convergencia de las alícuotas. Las correspondientes a los prestadores de servicios suben desde el 17% de 2017 a 17,5% este año y llegarán al 19,5% en 2022. En el caso de los productores de bienes, se establece una reducción del 21% previo al 20,7% este año, con la meta de una alícuota final también del 19,5%.
En el Gobierno sostienen que la medida tiende a aliviar el costo salarial de las empresas sin que eso implique reducir los salarios de los trabajadores. Además, aseguran que acompaña el proyecto de blanqueo laboral, al incentivar la regularización de los trabajadores de menores ingresos.
Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), le dijo a Letra P que “el esquema de reducción de aportes patronales a través de la creación de un mínimo no imponible es una política muy creativa y torna progresiva esa contribución, ya que hace que a mayor sueldo, haya mayor contribución. Eso es novedoso para la Argentina”.
Desde otra perspectiva ideológica, el economista y ex diputado por Unidad Popular Claudio Lozano señaló, también consultado por este medio, que “la experiencia histórica indica que ese tipo de planteos no ha tenido como resultado el argumento siempre esgrimido del blanqueo del empleo. Eso no se ha comprobado. Domingo Cavallo redujo las contribuciones en un 50% y no produjo efecto alguno en toda la década del 90. En realidad, la tendencia al empleo clandestino se mantuvo o incluso creció. Bueno, esto es una suerte de Cavallo gradual”.
“El otorgamiento de beneficios generalizados contra nada no funciona, sobre todo en la Argentina. Una cosa es que en determinada actividad nueva a instalarse y desarrollarse en el país se pongan en marcha estímulos y que, entre ellos, esté por ejemplo una reducción de las contribuciones patronales. En ese caso, se puede mensurar de manera directa cuál es la generación de empleo formal. Pero si lo que se hace es bajar costos de contratación sin contrapartida, lo único que se genera es una ampliación de los márgenes de beneficio que no necesariamente se traducen en una mayor reinversión”, agregó.
Según Lozano, “más que a una idea de blanqueo, esto se asocia más a lograr mecanismos de flexibilización del ingreso y egreso de la fuerza laboral de acuerdo al ciclo de actividad de la firma con el menor costo posible”.
Las diferencias de postura son menores cuando la consulta pasa por el impacto final de la medida. En efecto, economistas y tributaristas advierten sobre el impacto recaudatorio de la decisión, que agravará el déficit de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que cerró el año pasado en un 2,7% del PBI, cercano al déficit fiscal primario (antes del pago de deudas) de la Nación esperado para este año, del 3,2%, y que debería bajar un punto cada año en lo sucesivo.
Durante su última rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que el impacto fiscal de la reducción de los aportes patronales llegará en 2018 al 0,26% del Producto, a 0,48% en 2019, a 0,71% en 2020, a 0,94% en 2021 y a 1,16% del PBI en 2022. De arranque, una merma de recaudación de un cuarto de punto porcentual del Producto para este año representa unos $ 30.000 millones.
Argañaraz señaló que “en el IARAF teníamos calculado un impacto final de 0,8% del PBI, pero el Gobierno habla de un 1,16%. Más allá de eso, claramente será un componente significativo de la reforma en términos de reducción de la carga tributaria. Por eso se deberá generar una baja del gasto público que permita compensar. Es un objetivo que se puede conseguir a cinco años, pero todo está muy atado al cumplimiento de la responsabilidad fiscal” prometida por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Para Lozano, entretanto, “va a ser un agujero muy fuerte” para la entidad que conduce Emilio Basavilbaso. Hablamos de una propuesta que a lo largo de cinco años eleva el mínimo no imponible hasta llegar a una cifra equivalente al salario promedio actual. Ese es un desfinanciamiento muy importante del sistema previsional y no hay ningún elemento dentro de la reforma impositiva que indique cómo se lo va a cubrir”.
La cuestión resulta espinosa en términos políticos. Al fundamentar en diciembre último la necesidad de modificar la fórmula de cálculo de las jubilaciones y pensiones en detrimento de los beneficiarios, el propio Gobierno habló de un sistema previsional quebrado. Es decir, que por un lado las autoridades reconocen el problema, y reducen en consecuencia las prestaciones, y por el otro toman medidas como esta que acentúan el déficit.
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Otro aspecto destacado por los especialistas en tributación es que la reforma tributaria deroga el decreto 814/ 2001, que permitía el cómputo de las contribuciones a la seguridad social a cuenta del IVA de manera diferenciada regionalmente, por lo que se estima que los empresarios del área metropolitana serán los mayores beneficiados. Mientras, en el interior hay dudas.
“A mí me interesa mucho ese aspecto”, dijo Argañaraz. “El Gobierno ha manifestado que solo un 4% de las empresas pueden verse afectadas con un mayor costo, pero mi mirada regional y mi trabajo en el interior me genera mucha preocupación sobre cuál puede ser el impacto de esto en provincias como Chaco, La Rioja o Catamarca”, completó.