El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Rodrigo Rodríguez presentó un proyecto para modificar el régimen regulatorio de la industria y comercialización de garrafas establecido por la ley 26.020 con el objetivo de garantizar el acceso con “un precio justo, un acceso universal, regular y confiable” a los usuarios.
“Esta modificación le otorga más herramientas al Estado para garantizar un precio justo, un acceso universal, regular y confiable a los millones de argentinos que utilizan garrafas”, dijo Rodríguez. Además, destacó que la iniciativa exige “al Estado Nacional que piense en el conjunto de la ciudadanía y no en el interés de unos pocos” y afirmó que “es imprescindible poner un límite a la lógica del ajuste para todos y un gobierno para ricos”.
La iniciativa propone establecer un régimen con objetivos claros y definidos a favor de la regulación del precio, la accesibilidad, la universalidad y una planificación estratégica nacional del mercado de garrafas. El proyecto tiene como objetivo declarar como “servicio público” al conjunto de actividades que comprenden la industria y comercialización de las garrafas en el territorio nacional; fijar los objetivos estratégicos del nuevo sistema a los fines de garantizar el acceso universal, regular, confiable y económico para los sectores que lo requieran; y establecer un mejor marco regulatorio del mercado con fines a una mejor planificación y control por parte del Estado.
El proyecto de ley propone declarar como “servicio público” toda la cadena de actividad que interviene en el mercado de las garrafas. Esto implica, los intereses particulares de los sujetos activos de la presente ley no podrán afectar el interés superior del conjunto de la sociedad y del Estado.
“Creemos necesario cambiar el paradigma de regulación vigente, asumiendo que el servicio no puede estar ajeno a una planificación, o peor aún, delegada a los intereses privados. Buscamos garantizar el acceso universal a las garrafas de todos los consumidores finales que lo requieran, sobre la base del rol activo del Estado en términos de planificación y desarrollo, que garantice que dichas actividades deban propender a la no especulación, el libre acceso, al suministro eficiente, la seguridad pública y la preservación del medio ambiente”, afirmó Rodríguez.
En relación al esquema tarifario el proyecto establece que el Estado Nacional deberá “fijar un cuadro tarifario y establecer un sistema de distribución y comercialización que garantice la universalidad y accesibilidad (…) y realizar un profundo análisis de la constitución del sector y su comportamiento, a los efectos de establecer límites a la concentración de mercado para cada etapa, o a la integración vertical a lo largo de toda la cadena del negocio”.