Docentes de la Universidad Arturo Jauretche elaboraron un documento en el que ponen en evidencia la baja en las prestaciones no contributivas por discapacidad. “Desde hace más de un año observamos con preocupación un marcado giro en la dirección de las políticas públicas relacionadas con la Seguridad Social. En dicho contexto se ubican acciones como la re-direccionalidad de recursos y activos que constituyen un lento pero constante des-financiamiento del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino”, expresan en la nota. Y agregan que “en igual sentido, las restricciones que sufren los adultos mayores en las prestaciones del INSSJP (PAMI), como ser en vacunas, medicamentos, prácticas profesionales, servicios asistenciales y de cuidado. O el fallido intento de modificar la operación aritmética para el cálculo de la movilidad jubilatoria en perjuicio de los/as beneficiarios/as”.
“Así también la reciente reforma al subsistema de Riesgos del Trabajo -intentada por vía de decreto de necesidad y urgencia, luego sancionada por ley del Congreso- trajo la novedad de mayores obstáculos para que los trabajadores y trabajadoras vean determinado el carácter profesional de su enfermedad o contingencia, el grado de su incapacidad y las indemnizaciones correspondientes, estableciendo –de manera inconstitucional- que deberán acudir previa y obligatoriamente a las Comisiones Médicas jurisdiccionales (organismos administrativos de la SRT) para poder intentar cualquier demanda judicial en reclamo de sus derechos”, destacan.
La nota lleva las firmas de los docentes de Relaciones del Trabajo y del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ): Nuria Ape, Bruno Bagnarelli, Diego Oliveira, Florencia Partenio, Julio César Neffa, Carolina Diez, Alberto Manuel Andrade, Bruno Carpinetti, Clara Chevalier, Ana Nora Feldman, Fernanda Carrizo,
Ezequiel Barbenza, Walter Bosisio, Marisel Hartfiel, Andrés Ruggeri, Ilana Reck, María Alejandra Esponda, Carina Peraldi, Mariano Bargero, Juliana Frassa, Esteban Secondi, Gabriela Tedeschi, Facundo Barrera Insúa, Ana Mallimaci Barral, Gabriela Pontoni, Mariel Payo Esper, María Noel Bulloni Yaquinta, Martín Defeo, Cecilia Bacchetta, Ada Freytes Frey.
El texto continúa argumentando que “aun cuando esta descripción no agota las medidas dispuestas durante 2016 y lo que va de 2017, el anuncio sobre la baja de alrededor de 170.000 prestaciones no contributivas por discapacidad, que beneficiaban a un número equivalente de ciudadanos y ciudadanas, es una decisión de gobierno no solo inédita sino que significa además la comisión de una grave negación y/o supresión de derechos para un universo de personas que por encontrarse en situación de vulnerabilidad personal y social requieren mayor actividad del Estado para su adecuada protección y acompañamiento a lo largo de su vida. Claramente se vulneran los niveles de protección amparados por la Constitución Nacional y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos incorporados, entre ellos, la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad”.
A continuación, el texto restante de la carta: “Las argumentaciones sobre la adopción de "cambios" en los criterios con que se evalúan las condiciones de acceso a las prestaciones por parte de los/as funcionarios de turno, aparecen como meras excusas que encubren la práctica de un Estado que retrocede hacia una concepción asistencialista con un alto grado de discrecionalidad en sus decisiones de políticas sociales, decisiones signadas por políticas de ajuste, a la vez que se abandona la posibilidad de construcción un Estado que reconozca y ensanche el horizonte de derechos desde una perspectiva de ampliación de ciudadanía.
Los derechos fundamentales articulados a través de sistemas de protección social cuyo sostenimiento es una de función indelegable del Estado, tienen como objetivo central garantizar a las personas el acceso a los medios necesarios para obtener condiciones de vida digna frente a las desigualdades que el sistema genera en el plano económico, social y cultural.
Es preocupante que no se advierta que el único camino para garantizar el bienestar de nuestros compatriotas es impulsando políticas públicas que garanticen la inclusión social haciendo plenamente efectivo y concreto el derecho al Trabajo y a la Seguridad Social y no cercenando y negando sus derechos humanos y sociales fundamentales.
Desde la cátedra “Derecho de la Seguridad Social” de la Carrera de Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, enriquecidos/as por las opiniones de nuestros/as estudiantes, queremos llamar la atención sobre esta problemática y advertir que estas medidas avasallan flagrantemente nuestra Constitución Nacional, los Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos y las diversas leyes y normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico como Estado de Derecho.
Sin descartar que nuevamente se vuelvan esgrimir errores administrativos, como una manera de justificar lo que a todas luces resulta injustificable, denunciamos que insistir en políticas gubernamentales de negación y cercenamiento de derechos como las que señalamos, además de generar angustia y desesperación innecesarias en las personas afectadas y sus familias, configura asimismo el quebrantamiento del mandato con que el pueblo Argentino ha honrado a sus representantes”.
