El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, defendió hoy en la Cámara de Diputados el proyecto que envió el Poder Ejecutivo para crear el Régimen de Gestión de Intereses, conocida como "ley de lobby", y destacó que para la regulación "elegimos el camino que parece más simple, menos burocrático" y "menos rígido".
La iniciativa que ingresó a Diputados en abril establece "la publicidad de las audiencias" de gestión de intereses o "lobby" para "generar una cultura de la integridad y la transparencia en la toma de decisiones públicas".
En una reunión informativa que reunió, aunque sin quórum, a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, Pérez dijo que el Gobierno confía en que la legislación "va a ayudar muchísimo" en dar transparencia a la relación pública-privada.
Explicó en una breve exposición que "para llegar a esta ley hicimos un proceso participativo, con organizaciones civiles, sindicatos, representantes de la UIA (Unión Industrial Argentina), de la CAME, de las entidades agropecuarias y varias ONG que trabajan el tema de transparencia".
El funcionario precisó que "lo que regula el proyecto básicamente" es la "la relación entre lo público y privado en forma permanente" en cuyo marco es común que una de las partes "intente incidir" o manifieste "su interés para que haya determinada norma, para que se aplique determinada normativa" lo cual, destacó, "no es malo en sí en la medida que sea transparente".
Al respecto, Pérez apuntó que "pretendemos que ese diálogo sea absolutamente transparente y pueda ser conocido por la ciudadanía, que esté registrado en un registro de audiencias donde quede establecido el día, el horario, el contenido de la reunión" que sea público y "de acceso ciudadano".
Con relación a los sujetos obligados en el proyecto, Pérez indicó que se incluye al Poder Ejecutivo y la administración pública hasta el rango de Presidente y director general, el Poder Legislativo y las empresas del Estado.
El funcionario aclaró que para elaborar el proyecto no se partió "de cero" ya que se tomó como antecedente el decreto 1.172 de 2003 que fijó los "reglamentos generales de audiencias públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la publicidad de la gestión de intereses" en el ámbito del PEN y reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios públicos.
También Pérez informó que se tomaron en cuenta experiencias internacionales como la de Chile que, dijo, "tiene una buena legislación", a la vez que reseñó que "hay lugares que tienen doble registro: de las audiencias y de los lobbystas, "pero terminó siendo muy burocrático", acotó.
Por ello, estimó que "es mejor que sea obligación para los funcionarios públicos" transparentar las audiencias y aseguró que "elegimos el camino que parece más simple, menos burocrático, menos rígido" para implementar la normativa que confió que "va a ayudar muchísimo".
El funcionario resaltó que en la aplicación de la norma se utilizarán "los mismos organismos que se están creando a partir de octubre" para poner en marcha la ley de Acceso a la Información Pública.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (PRO), se mostró de acuerdo que la ley para regular el "lobby" no apele "a crear nuevas estructuras burocráticas ni generar nuevos organismos".
Sobre el régimen de sanciones, Pérez precisó que en la ley para regular el lobby "no difiere del existente en la régimen de Ética Pública o de Acceso a la Información Pública".
La diputada Carla Carrizo (Cambiemos) planteó "ver el modo de incorporar las diferentes voces y garantizar el igual trato cuando ingresa un interés social", a lo cual Pérez le respondió que "en el artículo 9 del proyecto se prevé la igualdad de trato" aunque no descartó que se amplíe la figura.
Tonelli indicó a los miembros de la comisión que el proyecto del PEN pasará al análisis de asesores de las comisiones para ser consensuado con otras propuestas de diputados en un texto único.