10|9|2021

El jueves 18 de mayo, el Partido Socialista presentó un proyecto de ley de Comunicaciones Convergentes. Fue ante una importante convocatoria de múltiples sectores de la comunicación y la cultura. La sala 3 del Anexo al Congreso de la Nación estaba colmada de representantes de medios privados con y sin fines de lucro, investigadores, militantes y actores significativos de cada una de las instancias y elementos de la cadena de producción de sentidos sociales.

 

El proyecto contempla de modo integral a los sistemas de comunicación que atraviesan un proceso de transformación tecnológica relevante. Y que en Argentina está regulado con diferentes normas, en una lógica divergente. Ahora se propone regularlo de modo convergente, con un marco que incluya a todos los tipos y tecnologías de información: el audiovisual, las telecomunicaciones y aspectos de la conectividad a Internet y de la empresa ARSat.

 

Elaborado por los especialistas Martín Becerra, Guillermo Goldstein, Danilo Lujambio y Guillermo Mastrini, quienes trabajaron más de un año en su redacción, es una iniciativa que avanza desde una perspectiva opuesta a la que guía las decisiones del gobierno. Intentará regular los servicios de televisión abierta y de pago (por cable y satélite), la radio (AM y FM), la telefonía fija y móvil, las conexiones a Internet y los servicios audiovisuales conocidos como OTT (aquellos que son distribuidos por la web).

 

El texto está disponible en la web del Centro de Estudios Municipales y Sociales, “un grupo de personas que trabajan en la elaboración de políticas públicas para la construcción de una sociedad justa, solidaria, participativa, transparente y democrática”. Y allí se esperan aportes y comentarios en torno a la iniciativa, que fue presentada para su debate en comisiones en el Congreso de la Nación.

 

La intención del socialismo es, además, abrir el debate en torno a un tema clave. Y forzarlo en un contexto en que Cambiemos parece haber cerrado la discusión. Tras los primeros meses de gestión, el Gobierno fue citado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para explicar las razones y los efectos de los decretos que desguazaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Entonces prometió una ley integral para el sistema. Lejos de cumplir, extendió la saga de cambios resueltos por el Poder Ejecutivo.

 

LA RESPUESTA. Con la LSCA como punto de partida, el proyecto intenta avanzar para generar una regulación convergente. En ese marco, propone una institucionalidad novedosa, con la creación de un Ente Federal de Comunicaciones Convergentes autónomo, público e independiente. Los candidatos a su directorio deberán atravesar un concurso antes de ser designados. Para los medios de propiedad estatal se diseña una organización similar. Mientras que se propone ampliar el alcance de la Defensoría de Público creada por la LSCA, con la incorporación de los usuarios de telecomunicaciones.

 

Respecto de las reglas de juego para operadores y prestadores, se mantiene la idea de que el Estado tenga autorizaciones juntos con los pueblos originarios y las universidades, con la exclusión de la Iglesia católica. Las organizaciones que busquen gestionar medios con o sin fines de lucro accederán a licencias otorgadas por el Estado y con marcos específicos.

 

Se mantiene la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para el sector sin fines de lucro en cada localidad. Entre otros puntos sobresalientes, el proyecto propone nuevos límites en relación con las licencias:

 

  • Se puede operar servicio de TV de pago (por cable) y TV abierta en la misma zona, a diferencia de lo que establecía ña LSCA;
  • se puede tener una licencia por soporte satelital (que excluye al licenciatario de la tenencia de otra licencia audiovisual aunque no así una de telecomunicaciones);
  • es posible controlar hasta diez licencias de servicios de comunicación audiovisual sonora y de televisión lineal abierta con uso de espectro radioeléctrico;
  • los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual lineal por suscripción no podrán prestar tales servicios a más del 35% por ciento del total de los abonados a nivel nacional, sin importar el soporte utilizado;
  • se destaca que el proyecto identifica a la regulación de la concentración y la competencia como un tema específico dados los posibles efectos sobre la democracia y la comunicación. Esto se contrapone con la idea de regularlo como una actividad más, con instrumentos generales como “defensa de la competencia”;
  • los prestadores de servicios de telefonía podrán brindar comunicación audiovisual por vínculo físico (cable) pero no con uso de espectro. Esto se planifica de modo gradual a partir de la eventual sanción de la ley y en diferentes localidades y plazos;
  • la inclusión de los nuevos jugadores (los OTTs, como Netflix por ejemplo) se contempla en términos de tasas y gravámenes (que aportarán a los fondos de fomento a la producción de contenidos, como los FOMECAS creados en la LSCA) y también en cuotas de pantalla a la producción argentina (que deberían incluir en sus grillas). Esto generaría un monto significativo destinado a producción, sin relación con las precarias condiciones en infraestructura en el país.

 

Está configuración de “quién puede hacer qué cosa” se contrapone a la establecida por los decretos del Gobierno, que regula con la tesis de que la tecnología en sí misma y la inversión privada mejorará el sistema a partir de la competencia.

 

EL CONTEXTO Y EL ENTORNO. ¿En qué contexto se presenta este proyecto? ¿Cuáles son las posibilidades reales de su sanción? Ante esta iniciativa puesta en discusión pública, aparece una serie de preguntas que describen el contexto.  ¿Estamos en Argentina otra vez ante un año intenso de discusión sobre los medios, como lo fue el 2009, cuando se aprobó la LSCA? ¿O en realidad se parece a cualquier año de los transcurridos entre 1983 y 2008? Es decir, en ese lapso en que no se pudo, no se supo o no se quiso generar un marco regulatorio democrático y democratizador para el sistema comunicacional, por la combinación de la falta de decisión política de los gobiernos y la fuerza de los jugadores del mercado.

 

En la presentación, Becerra expresó que no temen a la chicana de que “se regula para atrás”. Y dejó en claro que todos los aportes son bienvenidos, dado que éste es un sistema en desarrollo y que resulta vital pensarlo en la complejidad de Argentina, un país con diferencias estructurales y múltiples asimetrías que este proyecto busca resolver en materia de comunicaciones.  

 

Una cuestión a subrayar es que el proyecto ya fue presentado por el socialismo en el Congreso. El escenario de debate –si sucede- será en entonces en su seno, con sus reglas. Una discusión a partir del texto como ante-proyecto en diferentes instancias podría haber ampliado la participación y dotado de mayor legitimidad la iniciativa. No obstante lo cual es una propuesta relevante.

 

El marco político es el que conocen quienes siguen de cerca estas cuestiones y están al tanto de las decisiones de Cambiemos desde 2015. Es el de la política de las dos “D”: los Decretos y las Demoras. Hace un año que prometió una regulación convergente que demora por plazos de 180 días cada nuevo semestre. Mientras tanto, sanciona reformas a la LSCA.

 

Como hemos planteado en anteriores oportunidades, el Gobierno busca generar condiciones para la expansión económica de un mercado que no se activa. Avanza a tientas con decisiones centralizadas y convive con las presiones de los grandes grupos concentrados, que lo acusan de favorecer a su competidor.

 

En ese contexto, Telefónica y Clarín asoman molestos por los resultados de un marco regulatorio que cambió en pos de sus intereses. Quizá en esa línea deba entenderse la reciente decisión del Ministerio de Comunicaciones de otorgar más espectro para uso de datos móviles a los jugadores dominantes del sector. Como propone el especialista en telecomunicaciones Enrique Carrier

 

“Se trata de una forma de poner punto final a la tensión que generó el acceso de Cablevisión-Nextel a estas frecuencias. De hecho, quienes hagan oferta por este espectro automáticamente renuncian a cualquier tipo de reclamos tanto en relación al “procedimiento de refarming” así como al mecanismo de asignación a demanda. Todo sea por lograr una suerte de Pax Romana…”

 

Hace pocos días, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, anunció que el año electoral no es el mejor contexto para discutir un marco regulatorio. Pero no parece afectar a las decisiones que benefician a los grandes jugadores.