Este miércoles comienza el juicio oral y público contra el dirigente político social Luís D’Elia, acusado de una serie de delitos encuadrados en un episodio registrado en 2004 en una comisaría 24 del barrio de la Boca, donde el entonces diputado bonaerense ingresó junto a cerca de 40 personas reclamando la detención de un hombre que había matado a Martín "Oso" Cisneros, un militante de su agrupación, Federación Tierra y Vivienda (FTV).
Bajo este escenario, diputadas y diputados del bloque del FpV-PJ expresaron su solidaridad con D’ Elía, advirtiendo que el dirigente es acusado de incitación a la violencia “por dos causas que prescribieron”. De esta manera, afirmaron, “intentan instalar otra campaña de desprestigio a los luchadores sociales para imponer sus leyes contra la protesta social”.
“En esta causa es evidente que poder político está por detrás del poder judicial. Aquí lo jurídico está en un segundo plano porque si no esta causa no estaría en juicio oral. En primer lugar porque no corresponde criminalizar la protesta social, y en segundo lugar porque los delitos que se dicen cometidos están prescriptos”, señalaron los legisladores.
Asimismo, sostuvieron que “se está ante un hecho gravísimo de incumplimiento de la ley porque se modificó la calificación legal para que los delitos no estén prescriptos y de esa manera poder llevar a juicio oral a Luis D’ Elía, a Lito Borello y Luis Bordón”.
El juicio oral y público en los tribunales de Comodoro Py comienza a las 9.30 de este miércoles. También es acusado por el delito de intimidación pública por haber encabezado una marcha a Plaza de Mayo, el 25 de marzo de 2008, en defensa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Para finalizar, los legisladores agregaron que “a través de esta maniobra ilegal, están intentando fabricar nuevos presos políticos en un momento que les resulta conveniente la criminalización de la protesta social”.