Un estudio de la Universidad privada de Belgrano reveló que es cada vez más desigual la carrera de los salarios brutos frente a los precios en el primer año de la administración de Mauricio Macri, debido al incremento de la inflación y a la creciente pérdida de puestos de trabajo. El análisis fue realizado por el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE), que comparó las remuneraciones registradas en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires entre los meses de noviembre de 2015 y del año pasado. Entre las principales conclusiones el trabajo señala que “la remuneración bruta promedio de los trabajadores registrados del sector privado fue en noviembre de 2016 de 20.658 pesos, es decir un 35% superior a los 15.304 pesos del año anterior”. Ese incremento está diez puntos por debajo de la suba de precios que elaboró la Dirección de Estadísticas y Censo del gobierno porteño, “que registró un incremento del 45%”.
A partir de esta comparación y “tomando este índice como representativo de la inflación anual, ante la carencia de datos alternativos a escala nacional, el salario real del sector privado habría caído en el período de referencia un 7%”, señala el paper. Respecto a la caída del empleo, el documento sostiene que se perdieron 69.629 empleos en el mismo período. El dato surge de la comparación “de trabajadores registrados ocupados en el sector privado, que alcanzaba en noviembre último a 6.197.131”, mientras que en 2015 ese número era de “6.266.760”. La merma comparativa entre noviembre de 2016 y de 2015 es del 1,1% del total, de acuerdo a los datos del SIPA, que solo tiene en cuenta números referidos a trabajo registrado.
El momento más crítico en la pérdida de puestos de trabajo “ocurrió en octubre pasado, con una merma acumulada desde noviembre de 2015 de 89.000 puestos de trabajo”, explica el relevamiento. El mapa del desempleo registró la pérdida de “33.000 empleos en el sector de la construcción” y “si bien el deterioro en el sector comenzó a revertirse a partir de agosto”, nada pudo evitar la sangría: “el total de puestos perdidos fue 61.000 puestos de trabajo menos que en noviembre de 2015”, porque si se suma al sector de la construcción la actividad inmobiliaria, la caída alcanzó a 60.000 puestos de trabajo”.
En la industria manufacturera “la pérdida acumulada de puestos de trabajo entre noviembre de 2015 e igual mes de 2016 alcanzó un total de 48.480. Este sector no dejó de destruir empleo hasta el fin del período analizado, a razón de unos 4.000 puestos de trabajo perdidos por mes, con un pico de 10.000 en mayo”. En ese escenario de retracción, sí hubo sectores que tomaron personal. “Están encabezados por el comercio, el agro y los servicios sociales y de salud, con 11.000, 9.200 y 9.400 puestos de trabajo adicionales, respectivamente”
El saldo general refleja que “hubo una destrucción neta de 114.153 puestos de trabajo y una creación neta de 44.524, resultando en los 69.629 puestos menos mencionados al comienzo”. Dentro de esos números “la distribución geográfica de la pérdida de empleo” se extiende a todo el país. “Sólo Tucumán, Jujuy, Corrientes, Córdoba y La Pampa muestran guarismos positivos. Las mayores pérdidas, en términos porcentuales, corresponden a Tierra del Fuego (12,5%), Santa Cruz (10,3%) y San Luis (6,9%)”.
En la comparación del 2016 frente al 2015 la industria de manufacturas registró una caída del 4,6%, “mientras que la actividad constructiva cayó un 12,7%”.
En materia de precios, el estudio concluye que uno de los elementos determinantes la depreciación del salario han sido los aumentos de tarifas. “La política económica oficial aspira a reducir los niveles heredados de inflación y, al mismo tiempo, a producir un cambio de precios relativos en favor de los valores de los servicios públicos, que habían permanecido prácticamente congeladas desde la crisis del 2001”, repasa el documento. “Esto se traducía en la necesidad de compensar dicho retraso tarifario con inyecciones crecientes de subsidios a las empresas cuyos costos excedían con mucho aquellas tarifas. Estos subsidios se convirtieron en un factor determinante del significativo déficit fiscal. Sin embargo, los aumentos tarifarios se constituyeron en una causa autónoma de inflación, conspirando contra el logro del objetivo antiinflacionario. En un contexto en que el resto de los precios nominales no desciende, cada incremento en la tarifa de la electricidad, gas o transporte adiciona cierto porcentaje a la inflación anual”, dice el centro de estudios de la universidad privada.
La muestra más inmediata es que “el reciente aumento en la electricidad impactará en los guarismos inflacionarios de febrero, marzo y noviembre. Del mismo modo operarán los incrementos en las tarifas de gas, transporte y naftas en los meses en que los mismos sean aplicados. Este realineamiento de precios impone un piso a la inflación anual y opera sobre las expectativas de los agentes económicos, reforzando la llamada inflación inercial”.
