El repaso de ejemplos estuvo puesto en mostrarle a los presentes, y también a la audiencia, los contornos del ajuste para la negociación que se avecina: achicamiento de impuestos provinciales, reducción de los costos de las instituciones políticas de cada distrito y presiones cada vez menos diplomáticas para que adhieran a leyes clave que juegan un rol determinante para el proceso de flexibilización laboral que amasa el Ejecutivo.
Esos puntos, de directa relación con las provincias, tienen que ver con los juicios y accidentes laborales. “Vamos a seguir combatiendo los excesos en la litigiosidad laboral, que se ha convertido en el negocio de unos vivos, la mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país. Por eso, insisto a las provincias para que adhieran a la nueva Ley de ART, aprobada este año”, recordó Macri poco antes de lamentarse por que “hasta ahora hayan adherido sólo dos distritos: Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, y que haya sólo dos proyectos que tienen media sanción: Buenos Aires y Mendoza”, enumeró Macri para rescatar la diferencia de las provincias que gobierna Cambiemos.
A LAS PROVINCIAS. Aunque no estuvieron los representantes del Frente para la Victoria (FpV) y varios gobernadores pegaron el faltazo, Macri destacó la necesidad, casi con todo de urgencia, para lograr una reforma fiscal que le permita llegar a un acuerdo con los mandatarios para reducir impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, y también que se comprometan a achicar la dimensión de sus administraciones.
“Queremos avanzar con las provincias y con los municipios hacia un sistema de impuestos más simple, más claro, más equitativo y que beneficie la inversión productiva y la creación de empleo”, sostuvo Macri, poco después de lamentarse porque “tenemos impuestos que ningún país tiene, impuestos demasiado altos, con una distribución poco equitativa y un sistema impositivo complicado y engorroso”. Sin embargo, según Macri, “la peor distorsión de nuestro sistema es la evasión fiscal”, porque “genera competencia desleal, castiga a los más productivos, a los que invierten, a los que exportan, a los que dan trabajo formal”. Pero en ningún momento hizo alusión a ninguno de los empresarios presentes.
Este martes el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne se encargará de aportar los primeros detalles del discurso presidencial, cuando presente el proyecto de reforma fiscal que el Ejecutivo ya tiene diseñado, pero que dará a conocer a cuenta gotas, hasta que finalmente se concrete la primera reunión con los gobernadores provinciales, prevista para el jueves 9, donde posiblemente surja la primera devolución formal de cada mandatario a los preceptos que Macri lanzó este lunes desde el CCK.
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. (AGLP)
Mientras los temas más delicados de la reforma impositiva se mantienen en reserva, el mensaje presidencial también buscó señalarles que existen zonas donde podrían ajustar. “Nuestro sistema político, por momentos, pareció más enfocado en beneficiar a los políticos y no a quienes tienen que representar. Hay repartidos por el Estado rincones y recovecos donde funcionarios de todos los gobiernos, en todos los niveles, logran ubicar amigos, parientes, militantes de sus agrupaciones”.
“Un ejemplo - que descubrí hace muy poco – es el de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que tiene más empleados que las bibliotecas más grandes del mundo, que pasó de menos de 500 a más de 1.700 empleados en los últimos años. ¿Qué ha pasado este tiempo para que aumentara así, qué compromiso tienen con la gente, quienes la administran?”, se preguntó Macri con el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, sentado al lado de Lorenzetti. “1.700 es un número escandaloso para una biblioteca, una vergüenza y sobre todo si comparamos con la Biblioteca del Congreso de Chile, que tiene menos de 250 empleados. Este tipo de estafas, sí, porque son estafas, se tienen que terminar, no hay más lugar para esto”, arengó el jefe del Estado.
Tras citar ese caso puntual les hizo beber la misma medicina a los gobernadores. “Otro caso es el de las Legislaturas provinciales –agregó-, que ya eran escandalosos hace 15 años y desde entonces siguieron aumentando de tamaños. Hay varias provincias donde la cantidad de empleados de la Legislatura viene aumentando a más de 10 por ciento, por año. Hay casos de legisladores que tienen más de 80 empleados, sí 80 empleados por legislador”, aseveró.
A LA JUSTICIA. Luego fue el turno de la Justicia, donde eludió mencionar la renuncia que presentó esta mañana la Procuradora Alejandra Gils Carbó, pero cargó sobre su gestión: “En el ministerio Público Fiscal se contrataron 1.100 personas, entre el 2012 y el 2016, la mayor parte de estas asignaciones fueron para cargos de alta jerarquía. No quieran saber los sueldos”, repasó.
Luego apuntó a la órbita de Lorenzetti: “En el Consejo de la Magistratura hay una desproporción similar, el número de consejeros creció casi un 140% en diez años. Y hay casos, como el de empleados de ordenanza, cuya función es servir café o llevar expedientes, que tienen sueldos arriba de 100 mil pesos por mes y además gozan, como todos los empleados del Poder Judicial, de un régimen de licencias muy generoso, que llega a permitirles tomarse dos años de licencia con goce de sueldo. Y no puede ser que el horario de atención de los juzgados y de la justicia, en general, sea hasta las 13:30 horas. No puede ser que durante 45 días esté interrumpido el servicio de Justicia”, aseguró en referencia las ferias judiciales de verano y de invierno.
Lorenzetti junto al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. (AGLP)
A LOS SINDICATOS. En la matriz económica del oficialismo, además de los juicios y los accidentes laborales, hay tres piezas centrales en el proceso de flexibilización que el Gobierno tiene en ciernes, como la extensión de la edad jubilatoria, amnistías previsionales para empleadores y reordenamiento de la relación con los sindicatos, tanto para la reforma de convenios colectivos como en la administración de sus obras sociales.
“Vamos a presentar algunas iniciativas que venimos conversando con los representantes del trabajo, orientados a la formalización del trabajo no declarado, a mejorar la capacitación, a crear nuevas formas de contratación para trabajadores que dan trabajo y a mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar”, resumió Macri, poco antes de meter la cuchara en el tema jubilatorio.
Sobre las obras sociales recordó que “en Argentina hay 280, de las cuales sólo 40 representan el 70% de los trabajadores y sus familias. Esto quiere decir que hay 240 obras sociales que sólo representan el 30% de los trabajadores y lo digo habiendo – desde el primer momento – apoyado a las obras sociales, pero esta cantidad llama la atención”, chicaneó, poco después de opinar, delante de los tres integrantes del triunvirato de la CGT, que “no puede ser que haya más de 3 mil sindicatos en la Argentina y sólo 600 firmen paritarias anualmente”.
Caló y el "Barba" Gutiérrez, representantes del sindicalismo industrial. (AGLP)
La mención buscó capitalizar en el discurso presidencial los 3 mil sindicatos que tienen inscripción simple, frente a los 600 que tienen la personería gremial que les permite discutir salarios por su rama de actividad, en su mayoría nucleados en la CGT. “Necesitamos organizaciones sindicales fuertes, transparentes, que realmente tengan la vocación de representar a los trabajadores. Así que también los invitamos a ellos a dialogar, a echar luz sobre esta situación y así entre todos podamos trabajar para generar más trabajo”, dijo, casi calzado en el traje de candidato.
A LOS EMPRESARIOS. El breve capítulo dedicado a los empresarios tuvo dos aristas: las PyMes y el rol de los peces gordos del establishment como presuntos corruptores, pero también como formadores de precios poco claros en licitaciones de obra pública. “Que nunca más los ganadores sean los que han obtenido privilegios, a partir de sobornos, o los que se cartelizan abusando de los consumidores. Seremos implacables cuando se burlen las normas de competencias en perjuicio de la gente. creemos en la defensa de la competencia (…) Transparentar los mercados también es contribuir a la integridad de la Nación”, resumió, poco después de definir que “no hay manera de salir de la pobreza si no nos convertimos en un país exportador”. Al parecer, para lograrlo, las PyMes juegan un papel exportador más importante que esos presuntos cartelizados. “¿Cómo puede ser que a una empresa, a una Pyme, le pidan más de 1.500 declaraciones juradas por año? Seis por día hábil, además esas declaraciones generan 700 pagos por año: casi tres por día. Es demasiado, es una locura. 158 trámites eran necesarios para poder exportar una pollera y los hemos reducido a 118. Todavía falta, tenemos que seguir, falta muchísimo”, aseguró. Un mensaje un tanto escueto para el sector que, según el esquema planteado por Macri, más y mejor capitalizará eso de "cada uno ceda un poco".
A LOS JUBILADOS. “Tenemos que pensar una conversación adulta y honesta sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones”, porque “sabemos que nuestro sistema previsional esconde seria inequidades y no es sustentable. A mi entender no debería haber jubilaciones de privilegio ni regímenes especiales, que por ejemplo habiliten sin justificación a que algunos se jubilen a las 40 o los 50 años, mientras otros tienen que trabajar hasta los 65 ¿Por qué?”, se preguntó Macri.
Luego, sin aportar detalles específicos, sobre la gran masa de jubilados que no tienen ningún beneficio recordó que “en la ley de Reparación Histórica se previó la creación de un consejo para diseñar un nuevo sistema previsional dentro de un plazo de tres años, el sistema seguirá siendo universal, público, solidario y de reparto, pero también necesitamos que sea integral, sustentable y justo, que busque que todos los argentinos trabajemos al mismo tiempo. Eso es justo”, completó.
A LAS UNIVERSIDADES. En la lista de prioridades para podar el gasto público, Macri no habló de educación, pero cargó contra las universidades públicas. “Cada uno, desde su lugar, puede contribuir a reducir el gasto público: veamos el caso de las universidades. En diez años la planta de personal docente y no docente; la oferta académica; el número de universidades aumentó en promedio de más del 30%, pero la matrícula de estudiantes sólo el 13%. Claramente, esos incrementos no se correlacionan con la tasa de graduación, que es una de las más bajas del mundo. Por eso se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público”, completó.
