“Es un fallo político porque la representatividad la tenemos porque fuimos elegidos por el pueblo justamente para eso, para que representemos a todos los bonaerenses” afirma a Letra P, el diputado provincial, Ricardo Móccero.
El legislador integra el bloque del FpV-PJ, que presentó en febrero pasado una medida de amparo ante la Justicia, para evitar que se aplique el nuevo cuadro tarifario ordenado por el Gobierno nacional.
La Cámara Federal de La Plata, atendió el pedido, que había sido acompañado por el Defensor del Pueblo, y aceptó establecer una medida cautelar para frenar el tarifazo.
Pero el pasado martes, la Corte Suprema de Justicia, emitió un fallo por el cual, desestimó la “legitimidad” de los diputados, y del Defensor del Pueblo (por ser interino), para representar a los usuarios de la Provincia.
“La Corte muestra fuertes contradicciones, porque en una presentación similar, como fue la del gas, no solo frena el aumento sino que exige al Gobierno que convoque a una Audiencia Pública. Y acá hace todo lo contrario, es decir que no mide con la misma vara las dos situaciones” indica Móccero.
Molesto por la situación, el ex intendente de Coronel Suárez, especula con la posibilidad de acuerdos políticos de fondo.
“Da que pensar que esto estaba arreglado entre los jueces y (Mauricio) Macri. Primero presentan un fallo menos amigable, y después uno totalmente conveniente para el Presidente” afirma el legislador.
“El problema es que esta situación política la sufren todos los usuarios” remarca.
Y relata, “cuando nosotros hicimos la presentación a comienzos de año, iniciamos en ese momento una campaña para recolectar firmas en contra del tarifazo. Y juntamos en toda la Provincia 500 mil firmas de usuarios que no podían pagar las nuevas facturas. En esa planilla, que adjuntamos a la presentación, los usuarios no solo nos daban legitimidad, sino que además pedían que se anule el aumento y se convoque a Audiencias Públicas”.
Según Móccero, “la Corte no atendió ninguno de esos miles de reclamos de la gente, y además, cuestiona al Defensor del Pueblo por ser interino, cuando esa situación es legal y comprende las mismas responsabilidades, obligaciones y facultades que un titular”.
“En mi región, la sexta sección, el aumento repercute mucho en la pequeña industria, en los comercios pequeños como las carnicerías donde la energía es vital. Tengo casos de carnicerías donde el aumento significó pasar de pagar 5 mil pesos a 16 mil, una locura” remarcó el diputado opositor.
Se espera que este miércoles el bloque del FpV-PJ, se reúna para definir alguna línea de acción. Aunque por el momento existen dos posiciones encontradas. Un sector que observa la imposibilidad de seguir accionando, ya que la Corte es la última instancia judicial, y otro, que propone continuar con el reclamo, aunque sea en el orden territorial y mediático.