Fraude laboral: ordenan investigar el convenio de empleo que firmó Triaca con McDonald's

Aunque el juez laboral de primera instancia Alfredo Vilarullo se negó a hacerlo, deberá citar a declarar a la empresa Arcos Dorados S.A., concesionaria de McDonald's en Argentina y definir dentro de 15 días si frena o no la aplicación del convenio firmado en mayo por el ministro de Trabajo Jorge Triaca y McDonald's dentro del Plan de empleo Joven para promover la “capacitación laboral” de “hasta cinco mil” jóvenes “pertenecientes a sectores en vulnerabilidad social”. Este jueves la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revirtió la decisión de rechazar "in límine"el pedido de "no innovar" que presentaron en junio (hace cuatro meses) las diputadas nacionales del bloque Peronismo para la Victoria Araceli Ferreyra, Lucila De Ponti y Silvia Horne además del secretario de Juventud de la CTA Matías Zalduendo. Los querellantes pidieron la inconstitucionalidad y la nulidad del convenio y también reclamaron que sea frenado en forma urgente antes de que el juez se expida sobre la cuestión de fondo.
Un dato particular del caso: el juez Vilarullo se tomó más de dos meses para negarse a estudiar el caso, y la Cámara sólo siete días, para definir un fallo que queda firme desde este viernes.
“No advierto configurada una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta ni que el eventual daño invocado sólo pueda ser reparado acudiendo a la vía urgente del amparo”, argumentó Vilarullo para rechazar el recurso "in límine" luego de desconocer a la legitimidad de los amparistas. Los tres impulsores del recurso apelaron en segunda instancia y la Cámara les dio la razón: los reconoció como legítimos demandantes y consideró que existe un posible  riesgo de vulnerabilidad sobre los jóvenes que estarán encuadrados detro del convenio.
Para los amparistas el "convenio conforma a todas luces un fraude laboral, en donde una persona trabaja seis horas diarias, incluso fines de semana y feriados sin percibir los emolumentos que ordenan las leyes laborales, con la excusa de una ‘capacitación’”. La naturaleza del acuerdo, y sus alcances encierran una maniobra de fraude laboral, porque puede ocurrir que a partir de la vigencia del convenio, Arcos Dorados S.A. profundice la ola de despidos que aplica y luego reincorpore a los despedidos en el marco de la nueva "capacitación" y incluidos en el seguro de desempleo. "Es una una flagrante flexibilización laboral de hecho encubierta por parte del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo con la sola finalidad de subsidiar a empresas privadas”, denunciaron.
En diálogo con Letra P, el abogado Daniel Arenaza, patrocinante del caso, e integrante del Observatorio de Políticas Públicas (OPPLeC), detalló que "el fallo establece la obligatoriedad de la primera instancia para tratar dos cuestiones, porque presentamos una medida de amparo y una medida cautelar: nosotros consideramos que hay un agravamiento de las condiciones laborales y también buscamos que el juez tenga la posibilidad de frenar la aplicación del convenio. El juez se negó a hacerlo, pero la Cámara le exigió que defina si lo va a frenar o no, es decir, que trate nuestro de no innovar" .
Entre las medidas que la Cámara le ordenó al juez Vilarullo está el llamado a las partes, es decir que deberá citar al Ministerio de Trabajo para que ofrezca explicaciones sobre el convenio. "Nosotros incluímos al poder ejecutivo, pero no a McDonald's. La Cámara entendió que había que hacerlo y mandó a incorporar en el expediente a la empresa a Arcos Dorados que ahora tendrá que dar explicaciones", detalló Arenaza.
Fuentes vinculadas a la causa confiaron que McDonalds le había dicho a los querellantes que no había pedido ni esa cantidad de trabajadores ni esos mecanismos, sino que habían sido impuestos por la cartera laboral.
El 13 de mayo Triaca se mostró junto al jefe de Gabinete Marcos Peña y vendió el convenio como "una oportunidad a los jóvenes en todos los lugares del país donde esté la empresa, a través de las gerencias y las oficinas de empleo, de inscribirse en las distintas modalidades y de poder participar de estos programas de formación”. Peña lo definió como "parte de una política muy activa para ayudar a los más jóvenes a poder insertarse en el mundo laboral. Para ello tenemos que trabajar de la mano el Estado, las empresas y los sindicatos”. Desde entonces el convenio ya ha sido extendido a distintas provincias del país y establece, entre otras cosas, que los sueldos subsidiados por el Estado nacional que paga la cadena internacional de hamburguesas McDonalds a los jóvenes son de 4500 pesos, es decir un 44% por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que fue fijado en 8.060 pesos, según anunció el propio Gobierno.