Legislatura Bonaerense

Ley de ética pública: se afianza el vínculo Massa-Stolbizer

Ambos sectores pelean un proyecto en común, que resiste la gobernadora, Vidal. A pedido del Frente Renovador, los margaritos invitaron al ex fiscal, Garrido, para “bancar” la iniciativa.

Tras un primer tropezón, los diputados del GEN y del Frente Renovador, decidieron insistir con el proyecto de ley de ética Pública, que se encuentra en la comisión de reforma política de la Cámara Baja.

 

La resistencia de la gobernadora, María Eugenia Vidal, que planea enviar una iniciativa propia (y en línea con lo que se discute en la Nación), impidió que el proyecto de la oposición pudiera tener despacho favorable.

 

Por eso el massismo decidió apelar a la publicidad de la iniciativa, y vía el diputado margarito, Marcelo “oso” Díaz, convocar al ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, para que ofrezca “aportes” a la propuesta.

 

El ex diputado nacional, participó este martes de la reunión de la comisión de reforma política, que preside el massista, Pablo Garate.

 

 “Yo vine a contar sobre el tema a nivel nacional, y hacer comentarios sobre este proyecto que propone una regulación integral con la ética pública, es decir el control de la evolución patrimonial de los funcionarios públicos, el control de los conflictos de intereses, el régimen de regalos, el tema del nepotismo en la administración” afirmó Garrido, en diálogo con Letra P.

 

“Mi aporte es desde la experiencia, y para tratar de colaborar con la tarea que está haciendo la legislatura” remarcó.

 

El ex diputado nacional de la UCR, que en la última elección avaló la candidatura presidencial de Margarita Stoblizer, se refirió además a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, uno de los puntos que se aborda en el proyecto.

 

“Las declaraciones juradas tienen que tener un grado de publicidad, la regla general es al publicidad, porque de eso se trata, que la sociedad en general pueda controlar la evolución patrimonial” remarcó.

 

Otro punto en discusión es la creación de una oficina anticorrupción. Para la oposición debe ser un ente autárquico, en tanto para la gobernadora, deberá depender del ministerio de Justicia.

 

“Deben existir mecanismos de control que tengan cierta independencia, porque la independencia es un elemento relevante para que los órganos de control puedan desarrollar adecuadamente sus funciones” afirmó Garrido al respecto.

 

“Por supuesto que eso no impide que cada gobierno tenga una auditoría interna si lo desea” detalló.

 

El proyecto en cuestión, es el resultado de un acuerdo político de la oposición, que decidió fusionar los proyectos presentados, por los diputados, Rubén Grenada (GEN), Lisandro Bonelli (FR), Ricardo Lissalde (FR), y Rocío Giaconne (FpV).

 

“Lo que queremos es que este debate que está en la legislatura salga finalmente, y por eso, es  muy importante el aporte de Garrido, como especialista en el tema” afirmó el jefe de la comisión, Pablo Garate.

 

“Muchos de los aportes que él ha realizado los vamos a tomar en cuenta en el futuro dictamen” aclaró el legislador massista.

 

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