El gobierno de la provincia de Salta salió a aclarar que el adelanto de coparticipación de 270 millones de pesos que la Nación oficializó mediante un decreto publicado este martes corresponde a dinero adeudado en concepto de Viviendas y Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
De acuerdo con un comunicado enviado por el gobierno salteño, el anticipo de coparticipación “tuvo su origen en una solicitad realizada el 6 de abril del corriente al ministro del Interior, en virtud de los montos exigibles y pendientes de transferencia por parte del Estado Nacional a la provincia a dicha fecha en concepto de construcción de viviendas por los programas Techo Digno y Mejor Vivir, por un monto total de $ 229.210.503,42, y por lo establecido en la cláusula 2° del Convenio de Plan Nacional de Seguridad Alimentaria – Abordaje Federal 2015 -, aprobado por Resolución del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación N° 888/15, por la suma de $ 41.375.850”. El monto total transferido fue de 270.586.353,42 pesos.
“El pedido estuvo sustentado en la necesidad de sostener la curva de inversión en obra publica, a fin de evitar la perdida de fuentes de trabajo, y continuar con la ejecución de programas sociales”, agregó el comunicado.
La aclaración del gobierno que conduce Juan Manuel Urtubey llega en el marco de los tironeos entre la Casa Rosada y los gobernadores por el envío de fondos a las provincias. En ese contexto, el Gobierno explicó en los considerandos del decreto 689/16, publicado este martes, que el anticipo enviado es “a cuenta de las respectivas participaciones en el producido de los impuestos nacionales sujetos a distribución o de los montos previstos en el Compromiso Federal". También disparó contra la administración provincial al decir que el distrito se ve impedido "en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas", y "que en función de ello, resulta necesario procurar soluciones inmediatas".
Respecto de la decisión del Ejecutivo de avanzar con la devolución escalonada del 15 por ciento de la coparticipación retenida desde 1992 para financiar a la Anses, la provincia consideró que es “un avance” que va a permitir “tener un flujo extra de fondos que pueden servir de garantía para la toma de deuda destinada a gastos de capital, que permitan llevar adelante inversiones de infraestructura en toda la provincia, generando empleo”.
El anuncio se produce en medio de cruces entre el gobierno salteño y la Nación por el debate de la ley anti despidos, cuya sanción la Rosada intenta bloquear, al tiempo que tanto el senador por Salta, Rodolfo Urtubey, como los diputados nacionales que responden al gobernador, la apoyan en el Congreso.
Ese respaldo de los salteños motivó, incluso, llamados de queja desde la Rosada al gobierno provincial. Sin embargo, las críticas desde Salta hacia el oficialismo continuaron, en la voz del diputado Pablo Kosiner, espada de Urtubey en la Cámara baja.
A principios de abril, Urtubey había enviado señales de descontento con el Gobierno pese a la buena sintonía. En una entrevista, el gobernador salteño había declarado que, si bien “hay diálogo” con la Rosada, “el poncho no aparece”. “Hasta ahora no hay respuesta concreta. Tenemos que ser honestos, estamos haciendo gestiones, pero no nos está yendo bien”, detalló en ese entonces, en referencia al envío de fondos para obras a la provincia.