Tras facilitar una contundente victoria legislativa del Gobierno con la sanción de los acuerdos con los fondos buitre, el heterogéneo y disperso peronismo empieza a buscar vías para retomar el control del Congreso y convertirlo en un comando de operaciones para disputarle la agenda política y económica al macrismo. Las distintas vertientes peronistas, desde las que responden directamente a los gobernadores, el massismo y hasta el kirchnerismo, que no convalidó los pagos a los fondos especuladores, preparan en las dos cámaras iniciativas con un más que interesante respaldo numérico que, de avanzar, pondrían al oficialismo en una encrucijada: negociar la letra misma de los distintos proyectos o empujar al presidente, Mauricio Macri, a apelar al veto, una herramienta que utilizó a repetición durante su paso por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.
Para entender lo rápido que reaccionaron estos sectores que prestaron sus votos para sancionar la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano basta con tomar nota de un hecho registrado el miércoles en el Congreso. Mientras el Senado se trenzaba en el debate por la ley de pago a los buitres, a pocos metros de allí, en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, en un hecho absolutamente inédito, los máximos referentes de las cinco centrales obreras se juntaron para exponer ante legisladores de casi todos los bloques no oficialistas su agenda legislativa: reforma de Impuesto a las Ganancias, 82% móvil, universalización de asignaciones familiares y, con mayor fervor aún, la declaración de la emergencia ocupacional para frenar la ola de despidos en masa impulsada por el Gobierno en estamentos estatales que ya tiene réplicas, y por miles, en el sector privado.
El gestor de esta mesa, en la que se sentaron los cegetistas Antonio Caló, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo y los jefes de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, fue el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, quien hasta aquí venía oficiando como el socio parlamentario más confiable de Cambiemos.
Con esa movida, el ex jefe de Gabinete empezó a capitalizar políticamente la tensión social en crecimiento por los despidos, los tarifazos y los aumentos descontrolados de precios. Hasta allí llegaron los diputados más importantes del FR, del Frente para la Victoria (FPV), el Bloque Justicialista, el Frente Amplio Progresista (FAP) y el Frente de Izquierda (FIT).
Hay detrás de esa convocatoria una lógica: si el llamado a las centrales obreras hubiera surgido del kirchnerismo, nunca hubiese conseguido reunir a todas en un solo salón. Ese tono gris que encubre el rol de Massa en el mapa político le permitió juntar a todos los caciques sindicales y empezar a avanzar en la agenda que, hasta aquí, Macri ni siquiera roza: la agenda social.
EMERGENCIA. La próxima semana, los asesores de los diputados que integran la comisión de Legislación del Trabajo empezarán a reunirse para intentar consensuar proyectos que puedan motorizar desde ese cuerpo legislativo que preside Alberto Roberti (Justicialista). La que cuenta con mayores chances es la declaración de la emergencia ocupacional, que plantea la prohibición de despidos o el pago de doble indemnización en el sector privado y la renovación automática de contratos en el Estado mientras esté en vigencia esta ley. Hay varios proyectos en danza e incluso algunos cuentan con firmas de diversos bloques: Héctor Recalde, presidente de la bancada del FPV, puso la rúbrica tanto en la iniciativa presentada por el diputado y metalúrgico Abel Furlán (FPV) como en el elevado por Facundo Moyano (FR). Las diferencias entre los proyectos son menores, difieren en los plazos (hay de emergencia por seis meses y hay por un año) y en la redacción de algunos artículos.
Lo que planean en paralelo, según pudo saber Letra P, es la conformación de una “mesa sindical” que integren diputados de origen gremial como Recalde (ex abogado de la CGT), Furlán (UOM), los massistas Moyano (Peajes) y Héctor Daer (Sanidad), Roberti (Petroleros) o el presidente del bloque justicialista, Oscar Romero, dirigente de Smata. Un asesor de uno de estos legisladores admitió que el plan es que busquen unificar criterios para atacar desde el Congreso con proyectos de consenso en los que la coyuntura política –en realidad usó el término “coyuntura electoral”- se deje de lado.
El problema en esta comisión que conduce Roberti es que el PRO le negó el giro de todos los proyectos para reformar el Impuesto a las Ganancias, que desde hace años transitan por cajones legislativos. Sólo los envió a Presupuesto, que maneja Luciano Laspina (PRO), para que esa comisión sea el certificado de defunción de todas esas iniciativas. El diputado y dirigente petrolero ya le exigió al presidente de la Cámara, Emilio Monzó (PRO), que remita a Legislación del Trabajo copias de todos esos expedientes.
Igualmente, el macrismo trabaja en un proyecto propio de reforma de escalas, topes y descuentos del impuesto. El encargado de diseñarlo es el titular de la AFIP, Alberto Abad. Aunque en el Gobierno no se animan a pronosticar cuándo podría estar terminado.
Por lo pronto, las opiniones en todos los bloques opositores con respecto a Ganancias son dispares. Incluso en las mismas bancadas hay opiniones diferentes. Hay quienes trabajan en una reforma de las escalas pero sobre el régimen actual -por ejemplo, el ex ministro de Economía Axel Kicillof (FPV)- o está el caso de Recalde, quien viene elaborando la concreción de un “Impuesto a los Altos Ingresos”, más integral. En lo que ya hubo algún acercamiento entre los distintos bloques fue para establecer el mínimo no imponible: se habla de un piso en torno a los 62.000 pesos.
En el Ejecutivo, por ahora, se mantienen tranquilos. Especulan con que las propias diferencias de todos estos bloques terminarán por enfriar la urgencia que, por estas horas, la oposición parece interesada en imprimirle a la agenda laboral. Lo que sí hicieron fue cálculos: si todos los bloques que escucharon a los líderes sindicales se alinearan detrás de un proyecto, sumarían cerca de 150 votos. Muchas más de los 129 que se necesitan para tener quórum en la Cámara baja.
DEUDA. En el Senado, el proyecto que logró agrupar a casi todo el arco peronista es el ideado por el presidente del bloque del FPV, Miguel Pichetto, y el puntano Adolfo Rodríguez Saá. Es un escueto texto, de apenas tres artículos, pero profundo: plantea la eliminación de todas las facultades que la ley de Administración Financiera otorga al Ejecutivo para tomar deuda sin aval del Congreso. Lo que buscan, básicamente, es que el Gobierno tenga que negociar con el peronismo no sólo la futura emisión de deuda pública, sino el destino de cada dólar que ingrese a la Argentina desde el mercado internacional de crédito. En criollo, el objetivo es que Macri tenga que acordar con los gobernadores qué obras se financiarán con esas deudas para que esos mismos gobernadores ordenen o no a sus legisladores la aprobación o rechazo de esos eventuales endeudamientos.
Apenas surgió este proyecto, el plan fue meterlo a las apuradas en la sesión del miércoles pasado, para que el Senado lo aprobara en la misma reunión en que la Cámara alta convirtió en ley el pago a los buitres. Pero esa idea se frustró, porque el proyecto no consiguió dictamen de mayoría de las comisiones que lo tramitaron, la de Presupuesto y la de Economía.
El proyecto consiguió las nueve firmas necesarias en la comisión de Presupuesto, que conduce Juan Manuel Abal Medina. El problema lo tuvo en Economía. Allí obtuvo hasta ahora sólo siete y con una curiosidad: el senador y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich (FPV), puso la rúbrica en el proyecto original pero no en el dictamen final, pese a no haber sufrido modificación alguna en su articulado. La otra firma que buscarían conseguir en la comisión de Economía es la del salteño Juan Carlos Romero.
Durante la sesión del miércoles, tanto Abal Medina como Rodolfo Urtubey (FPV) pidieron que se avance con esa iniciativa. El ex jefe de Gabinete llamó a un plenario de ambas comisiones para la próxima semana, donde buscarían emitir dictamen de mayoría. Si lo obtuvieran, su paso por el recinto sería un trámite: sobrarían los votos para aprobarlo, si es que los senadores cristinistas lo respaldan. En este sentido, ya hay buenos signos: una de las firmantes del dictamen es la santacruceña María Ester Labado (FPV), la senadora que firmó el despacho de minoría contra el proyecto de acuerdo con los buitres, enrolada en las filas que, en el Senado, lideran los legisladores que militan en La Cámpora.