El debut del protocolo antipiquetes diseñado para evitar o, llegado el caso, desalojar por la fuerza manifestaciones que interrumpan el tránsito, fue aplazado por el Gobierno, que no intervino este miércoles frente a las marchas y concentraciones de organizaciones políticas, sociales y sindicales que protestaron por los despidos masivos dispuestos por el presidente Mauricio Macri en el Estado nacional, el “techo” a las paritarias y, justamente, el programa tendiente a restringir o reprimir las manifestaciones callejeras.
El gremio de trabajadores estatales ATE, agrupaciones sindicales, kirchneristas y de izquierda concentraron en el Obelisco y marcharon a Plaza de Mayo en horas del mediodía, para cerrar la jornada con un acto a espaldas de la Casa Rosada.
La izquierda, en tanto, de la mano del MAS y el PTS, inició la jornada de protesta con un piquete a las 7 en la esquina de las avenidas Callao y Corrientes y luego se movilizó a otras arterias del microcentro porteño. También hubo concentraciones en la esquina de la avenida Belgrano y Bernardo de Irigoyen.
Por su lado, becarios del Conicet realizaron un acto frente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el barrio de Palermo.
Además, se realizaron movilizaciones en Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Entre Ríos y Santa Cruz, entre otras provincias.
El protocolo antipiquetes intenta regular las manifestaciones de protesta. Exige a las organizaciones que planifiquen una movilización que informen detalles de las actividades, prohíbe cortes totales de tránsito y faculta a las fuerzas de seguridad a desalojar por la fuerza a quienes se nieguen a abandonar la vía pública. Además, las habilita a filmar las protestas y controlar el trabajo de los medios que registran los acontecimientos.
La iniciativa, que fue adelantada por Letra P en el mes de diciembre, fue duramente repudiada por organizaciones sindicales, de izquierda y de derechos humanos. "Es inconstitucional", dijo este miércoles el secretario general de ATE, Hugo Godoy.
"Este protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a reprimir sin orden judicial basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por la dictadura de Onganía", repudió, por su parte, la diputada nacional Myriam Bregman.
