La ley de educación que rige actualmente en la República Argentina data de 1995 y desde ese entonces recibe críticas y ha sido resistida por la comunidad educativa, que nuevamente reclama una modificación. A principios del 2016, la Federación Universitaria Argentina (FUA) le planteó al ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, una nueva modificación a la iniciativa porque “está fundada en principios neoliberales”.
En diálogo con Letra P, la presidenta de la FUA, Josefina Mendoza, explicó que la normativa “está fundada en los principios neoliberales y entiende a la educación como servicio antes que como un derecho”. Además, según la redacción y su aplicación, “vulnera la autonomía de las universidades”.
Esto se ejemplifica en la organización y administración de los órganos de gobierno de las universidades nacionales. “A la hora de ordenar y organizar los órganos de gobierno no sólo establece la conformación (claustro docente, estudiantil, no docente, graduados) sino que establece que los docentes deben tener una participación mayor al 50% y eso deja en inferioridad de condiciones al resto de los claustros”, afirmó la joven militante de Franja Morada, que desde junio se convirtió en la primera mujer en presidir una federación de casi 100 años.
La comunidad educativa a cuestionado el espíritu de esta ley de los años noventa por su lógica “neoliberal” en base a la creación de la figura de los posgrados arancelados. “Las universidades nacionales debieran contar con posgrados gratuitos”, advirtió Mendoza, quien destaca un “buen diálogo” con el gobierno de Mauricio Macri, principalmente con el ministro Bullrich y su equipo.
“En la primera conversación con el ministro fue tratado el tema y nos manifestaron que había voluntad de revisar la ley y que desde el gobierno nacional pensaban en llegar al año 2108 con una nueva ley, porque es el centenario de la reforma universitaria”, explicó la dirigente en diálogo con Letra P.
De todas formas, Mendoza adelanta que será difícil avanzar con esta modificación en 2017 debido a los comicios de medio término. “Sabemos que en vísperas de un año electoral la discusión puede quedar truncada pero generaremos los canales para que se avance en este sentido”, aseveró.
Históricamente, la mayoría de los proyectos de reforma quedaron cajoneados en el Congreso de la Nación. En 2015, el gobierno de Cristina Fernández, por medio de un proyecto de la diputada oficialista Adriana Puiggrós, modificó dos artículos. Uno deja plasmada la obligatoriedad de la gratuidad en la universidad pública y en el otro se menciona la obligatoriedad del ingreso irrestricto, que cosechó infinidad de reproches y medidas judiciales porque establece que las altas casas de estudio no deberían tomar exámenes de ingreso eliminatorios.
“Criticamos esa modificación del kirchnerismo no por lo que definió, sino porque habiendo tenido la oportunidad de reformar la ley teniendo mayoría automática, no hizo más que poner parches porque la ley es la misma, en términos generales, que la de 1995”, sostuvo la titular de la FUA.
“A diferencia de la relación con el gobierno anterior, la nueva es bastante más fluida. Existen canales de diálogo que antes no teníamos. Hablamos más con la Secretaría de Políticas Universitarias y la actitud del diálogo es constante desde parte del gobierno, porque integramos el Consejo Federal, donde participan ministros de todo el país. Se aprobó el Compromiso de la Educación y hemos sido parte”, explica pero aclara que “tampoco esto nos garantiza que todo termine siendo una realidad”.
A su vez, la FUA entregó una carta al ministerio hace más de un mes en la que se presentó un diagnóstico y análisis de la situación actual. “La situación económico y social es compleja, en el marco de un contexto donde la deserción aumentó por factores económicos, creíamos que era importante que el ministerio tomara esta información”, contó la joven oriunda de la localidad bonaerense de Daireaux.
En esa misma misiva, se hizo alusión a la política de becas universitarias. “Le solicitamos un sistema integral de becas para agilizarlo y hacerlo más eficiente para que no sólo fuera un órgano que centralice becas, sino que permita la creación de un programa de seguimiento y apoyo al becario, para que reciba el acompañamiento necesario”, explicó..
A su vez, planteó la “necesidad de aumento a las becas”. “Con $1100 por mes en 10 meses no alcanza para las exigencias de la vida universitaria, el transporte público y los alquileres”, argumentó. En la misma línea, según Mendoza, es prioritario el aumento del universo de becarios. “Aumentó a 10 mil en el último año pero aún son muchos los estudiantes que la precisan”, advirtió.
Esa carta fue entregada el Ministerio de Educación y Deportes y también los dirigentes de la FUA se la hicieron llegar al director nacional de Desarrollo Universitario, Pablo Domenichini. “Avanzamos bastante después de esa reunión porque nos llamó para ser parte de esta discusión sobre el sistema de becas”, indicó Mendoza, que adelantó que “este martes habrá un anuncio en el ministerio sobre el tema y creemos que es en respuesta a la carta”.