Tras confirmarse que el gobierno de María Eugenia Vidal estatizará el denominado “Corredor del Atlántico” integrado por la autovía 2 y las rutas 11, 36, 56, 63 y 74, las entidades que nuclean a los usuarios viales no tardaron en alzar la voz de malestar no sólo por la tendencia a profundizarse el sistema de peajes, sino por el pacto entre el Ejecutivo y el concesionario privado “Autovía del Mar” bajo el cual se prevé que, para no pagar una indemnización al consorcio integrado por el Grupo Eurnekian, Esuco, Cristóbal López y Roggio, el mismo se convertirá en contratista del Estado para realizar una millonaria obra que el gobierno bonaerense tiene diagramada para mejorar dichas trazas.
“Me enoja la situación, nos están tomando de estúpidos a todos, no sólo a las organizaciones sino a las ciudadanía. A alguien que no cumplió, le van a dar como premio, sin compulsa de precio, una obra en la misma ruta que tuvo concesionada por años, levantando mucho dinero y sin brindar ningún tipo de servicio”, apuntó en diálogo con Letra P el titular de la Unión de Usuarios Viales (Uduv), Ignacio Zabaleta.
Al advertir que esta situación “se iba a dar”, Zabaleta remarcó que la entidad que representa pidió “por varias vías” tener una reunión con la gobernadora Vidal, sin embargo no han tenido respuestas al momento.
En este sentido, manifestó que, en compañía del titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, se reunieron con el vicegobernador Daniel Salvador: “Dijo que había un paquete técnico político que abarcaba todo y no se pueden tocar aspectos individuales. Es muy prudente en sus expresiones, pero le planteamos que no queremos llegar a la Justicia, que es algo que haremos en el caso de no tener respuestas”, señaló el presidente de la Uduv, quien comentó que, por lo pronto, Salvador “se comprometió a hacer gestiones para tener reunión de trabajo con la gobernadora o en su defecto con el ministro de Infraestructura”.
Aunque reconoció que con el cambio de Gobierno “abrimos una expectativa”, considerando el nulo diálogo que tenían con la gestión Scioli, Zabaleta manifestó su “desilusión” ya que “Vidal en ningún momento nos dio un espacio en su agenda”. Y añadió: Estamos hartos que nos prometan cosas que no lo van a poder cumplir. No queremos que nos mientan más en la cara y que nos permitan sentarnos en una mesa para plantearlo”.
Por lo pronto, las entidades de usuarios viales mantendrán este martes una audiencia en la Defensoría del Pueblo para avanzar sobre dos expedientes presentados en ese organismo: uno relacionado a la toma de concesión de la Ruta Provincial 6 por parte de AUBASA y el otro alusivo a la autorización de aumentos de peajes sobre la Ruta Nacional 8, puntualmente en lo que refiere al Peaje Larena, en Exaltación de la Cruz, donde se denunció que los vecinos de la zona que transitan por allí “hasta ocho veces por día”, tienen que abonar “$30 cada vez que pasan”. Sobre ese tema, Zabaleta habló de represión a los vecinos que se manifestaron contra este peaje y una “persecución judicial con demandas y cartas documentos. Un verdadero escándalo”.
EL CLUB DEL PEAJE. “Con el afán de recaudar no surgen ideas nuevas, y encaran este tema con la misma lógica de hace 25 años”, remarcó el titular de la Uduv para cuestionar que “el club del peaje” (en alusión a los grupos empresarios a cargo de las concesiones y futuros contratistas en el caso del Corredor Atlántico) siguen “lucrando con un servicio público, pero los ciudadanos que son los tienen que pagar un impuesto para circular”.
Vale señalar que la administración vidalista evalúa aumentar la tarifa de los peajes una vez que se materialice su desembarco en el mencionado corredor.
“Es la misma lógica que viene primando desde el menemismo”, cargó para advertir que las empresas en cuestión recaudaron “millones de dólares en peajes y rutas que se construyeron con fondos públicos y no se han visto cambios”.
ASAMBLEA Y PROYECTO. Bajo este escenario, Zabaleta detalló que el próximo viernes llevarán a cabo una asamblea en la ciudad de Azul, teniendo como eje el abordaje del monto presupuestado para la Autovía Nº3: “No es ni un 10% de lo que necesitaría esa vía. Entonces, que no nos planteen inaugurando un cuarto de milla con el presidente diciendo que tiene el plan de infraestructura vial más ambicioso de la historia”, refutó el titular de la Uduv para cuestionar que el Gobierno nacional destina “45 mil millones de pesos a IECSA (propiedad del primo presidencial Ángelo Calcaterra) y Odebrecht para el soterramiento del Sarmiento, una obra que no es productiva, que se podría haber salvado con un 10% de esa inversión, cuando no se pone plata en otro lado”.
Ante eso, señaló que insistirán impulsando un proyecto de ley que tiene como objetivo la construcción de la Red Federal de Autopistas (RFA) y que es promovido en el Congreso por el diputado PRO Eduardo Conesa y lleva la firma de Elisa Carrió. “Lo que no se tiene que cobrar más es el peaje. Proponemos que las grandes obras viales, ya que el Estado no tiene capacidad de endeudamiento para hacer toda la obra, que se haga con la inversión privada de riesgo. Vamos a ir a la carga nuevamente con esto”, puntualizó el presidente de la Unión de Usuarios Viales.
