Por su parte, el gobierno del presidente Nicolás Maduro tildó el decreto como el “paso más agresivo, injusto y nefasto que se haya dado contra Venezuela” y llamó “a consulta” a su principal representante en Washington, el encargado de negocios Maximilien Arveláiz.
Barack Obama prohibió la entrada a Estados Unidos y decretó el congelamiento de bienes y cuentas bancarias de siete funcionarios y ex funcionarios de instancias policiales, militares y judiciales, incluyendo el jefe de inteligencia Gustavo González.
Pero las acciones no tendrán ningún “efecto directo” sobre el sector petrolero de Venezuela, país con las mayores reservas petrolíferas del mundo.
La lista, que también incluye a Katherine Haringhton, una fiscal que acusó a dirigentes opositores, y el director de la Policía Nacional, Manuel Pérez, forman parte de una “primera porción” de los funcionarios que se verán afectados por el decreto.
“Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela de intensificar la intimidación contra sus opositores”, señaló la Casa Blanca.
Con estas acciones, Obama implementa sanciones aprobadas por el Congreso estadounidense el año pasado y que el propio mandatario, aunque reticente a una confrontación diplomática con Caracas, sancionó en diciembre.
El presidente calificó la situación venezolana como “una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política externa de Estados Unidos” y declaró “una emergencia nacional” para enfrentarla.