Las cuentas públicas de Mendoza ya pasaron el cero y se instalaron en un rojo profundo. El contexto internacional agitado por la crisis político-económica que trae aparejada la negociación con los fondos buitre complicó aún más la gestión del gobernador Francisco “Paco” Pérez, que agota instancias para conseguir la entrada de fondos que le permitan sostener en pie al Estado provincial. El preocupante cuadro financiero, profundizado por la decisión de la Corte mendocina de frenar una polémica jugada administrativa para tomar deuda sin pasar por la Legislatura, derivó en negociaciones al más alto nivel entre el PJ y la UCR, buscando acuerdos que permitan habilitar endeudamiento, aunque detrás de ese diálogo crezca en silencio una prematura puja electoralista.
En Mendoza se habló este domingo de un diálogo directo entre Pérez y Alfredo Cornejo, intendente de Godoy Cruz, líder del radicalismo mendocino y precandidato a gobernador. A esa cúspide llegaron las negociaciones, que venían avanzando en manos del ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, y el presidente de la UCR, Sergio Pinto. Lo que busca el Gobierno provincial es que la UCR le vote en la Legislatura el Presupuesto 2014, con un permiso de financiamiento externo por al menos 1.200 millones de pesos; lo que quiere el radicalismo es poner condiciones a ese “apoyo” legislativo. En medio de los dos, la soga en el cuello de la provincia plantea un escenario de déficit anual que, de mínima, alcanzará los 600 millones de pesos.
Pérez intentó hace pocos meses una jugada administrativa express para tomar deuda sin el OK opositor. Hizo que la Legislatura aprobara una reforma de la Ley de Contabilidad que le permitiría endeudarse en términos similares al Presupuesto del año anterior. La llamada ley de “reconducción” presupuestaria le permitiría emitir deuda por $1.200 millones. Eso es lo que la Suprema Corte de Mendoza frenó ante un reclamo por inconstitucionalidad de la UCR. Y mientras se espera el fallo de fondo, ya se lanzaron las negociaciones para ver hasta dónde se puede llegar por la vía política.
El gobernador aprovechó el fallo adverso en la Corte provincial para jugar a la víctima: se comunicó con una larga lista de intendentes para anunciarle la suspensión de obras, poniendo la culpa en los jueces del máximo tribunal y el radicalismo. Casi ninguno de los intendentes peronistas le creyó: si son 1.200 millones de pesos los que necesita para ejecutar las obras que paró, basta con un recorte de apenas un 3% sobre los 33.000 millones previstos en Presupuesto 2013, el que el mandatario prorrogó para este año, ya que no consiguió aprobar uno nuevo en el año en curso.
En su sobreactuación, hasta suspendió la inauguración de una planta de tratamiento de residuos en la localidad de Rivadavia, donde se iban a presentar el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli. Las obras ya estaban terminadas y, curiosamente, habían sido financiadas por el Estado nacional.
Cornejo también tiene sus fichas puestas en este entuerto, apostando a un posicionamiento electoral personal que tiene en jaque a todo Mendoza. Según trascendió, la UCR ofrecerá sus votos para emitir nueva deuda a cambio de un férreo ajuste en todas las carteras del Estado. “Cornejo pide esto porque es el principal candidato a gobernador de la oposición y quiere que el costo político del ajuste lo pague Paco y no él”, analizó una fuente del PJ mendocino. También quieren que se derogue los artículos de la ley de “reconducción” que están siendo cuestionados en la Justicia. Sobre esos ejes girará la propuesta que harán llegar a Pérez para que ponga en debate en su Gabinete. Si lo aceptan, darán lugar a endeudamiento para que la obra pública no se paralice, algo que requeriría entre 600 y 800 millones de pesos. Y ponen su compromiso de revisar los números de aquí a septiembre para, en base a la recaudación impositiva, resolver si hacen falta más fondos o no.
Eso sí: el nuevo Presupuesto que deberá enviar el Ejecutivo para su tratamiento, además de la emisión de nueva deuda, deberá llegar con un importante “sinceramiento”. Es decir, el precio del dólar y las previsiones inflacionarias actualizadas.
En el Gobierno y en el PJ entienden que hacer lugar a esta exigencia de la UCR es posicionar a la principal fuerza opositora en un cuadro prácticamente de “cogobierno”. Por otro lado, Pérez no está seguro que Cornejo y compañía consigan lograr la cohesión necesaria en el radicalismo para llegar a los dos tercios de la Legislatura, lo que exige la Constitución mendocina para emitir deuda. Pérez teme quedar entrampado en una interna del radicalismo, que por estas horas tiene muchos caciques buscando instalarse en la lucha por la gobernación en 2015.
Mientras tanto, el gobernador estuvo esta semana en Buenos Aires para intentar conseguir alguna ayuda del Gobierno nacional. Lo recibieron, en tres reuniones distintas, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega; y el jefe de la Anses, Diego Bossio. De ninguno se llevó siquiera una promesa. Solo le pidieron que vuelva esta semana, a ver si desde el Ejecutivo nacional pueden tirarle, al menos, un salvavidas.
