Por Nicolás Fiorentino/@NicoFioren. Si la renovación de concesión de Cerro Dragón firmado en 2007 entre Chubut y Pan American Energy (PAE) no se hizo mediando un informe de reservas trucho, al menos en la medición de potencial petrolero de ese yacimiento que se utilizó en la negociación se violaron cuestiones legales y abundaron las irregularidades.
Así queda claro al menos después de que la Universidad de Cuyo (UNCuyo) se desligara del informe que figura en el expediente de acuerdo entre la petrolera y el entonces gobierno de Mario Das Neves. El mismo que, según la oposición, se hizo “a la baja” para favorecer las ganancias de la empresa.
La contraprestación, siempre según las sospechas opositoras, fueron las coimas que se investigan en la Securities and Exchange Commission (SEC), oficina norteamericana que controla las maniobras financieras.
Fue el radicalismo el que exigió a la UNCuyo que aclare si el informe de reservas que se utilizó en la renegociación investigada fue realizada en ese centro de altos estudios. Al menos así figuraba en el expediente, aunque con algunas rarezas: el informe técnico constaba de apenas seis carillas y la firma del responsable del trabajo figuraba sólo en algunas de las páginas.
La UNCuyo finalmente respondió esa consulta con aclaraciones que, lejos de aclarar el panorama, lo complica aún más: dicen que allí no se hizo ningún informe de reservas en Cerro Dragón para la renovación de concesión en 2007, que el último trabajo en este sentido es de 2005 y que, a contramano de lo que correspondería, se realizó sólo a partir de datos entregados por PAE. Es decir, por la misma empresa a la que debían controlar.
LetraP accedió en exclusiva a la respuesta que la UNCuyo les dio a los senadores nacionales por la UCR, Mario Cimadevilla (Chubut) y Laura Montero (Mendoza). En la nota firmada por al ingeniero Daniel Fernández, titular de la Facultad de Ingenieria de la UNCuyo, se explica que “previo a la extensión de la concesión en Cerro Dragón, que se efectuara en 2007, la Universidad realizó una sola certificación a la empresa Pan American Energy con información actualizada y entregada por dicha empresa, al 31 de diciembre de 2005”.
Más irregularidades
Luego arroja dos datos clave: el primero, que “la Secretaría de Energía de la Nación establece que la certificación de reservas de las empresas deben realizarse anualmente”, así lo indica la resolución 324/2006, lo que invalida el informe hecho por la UNCuyo en 2005 para la negociación de 2007; el segundo, más contundente aún, es que “la certificación correspondiente al año 2006, con datos actualizados al 31 de diciembre de 2006, si la hubo, no fue realizada por la UNCuyo”.
Por otro lado, si el informe que Chubut y PAE usaron para la renegociación de 2007 fue el que realizó la UNCuyo en 2005, más allá de ser inválido, fue adulterado. En la misma carta, la UNCuyo manifiesta que en la certificación de reservas que realizaron en Cerro Dragón en 2005 “la totalidad de sus hojas” están “firmadas por el Sr. Decano Eduardo Manfredi”.
Es importante recordar que Roberto Risso, presidente del bloque de la UCR en la Legislatura chubutense, aseguró a LetraP que en el informe que figura en el expediente de renegociación la mayoría de las páginas no tenían ninguna firma.
“Las autoridades de esa Alta Casa de Estudios indicaron que sólo hicieron un informe, pero en 2005, y únicamente con los datos que les proporcionó PAE. Es decir, que ninguna de las autoridades de la provincia competentes en el tema indagó sobre cuáles eran las reales reservas que tenía el yacimiento”, protestó Cimadevilla.
“Firmar un acuerdo en esas condiciones -sin saber que porcentaje de nuestros recursos naturales estábamos entregando- fue y es totalmente perjudicial para Chubut. Está claro que existió un accionar doloso en todo el desarrollo de un convenio que ha comprometido los bienes de varias generaciones de chubutenses”, agregó.
Maniobra
La denuncia que presentó la UCR corre detrás de una hipótesis. Creen que PAE negoció la extención de la concesión en Cerro Dragón a la baja a través de un informe de reservas trucho: cuando firmó el convenio lo hizo con una expectativa de reservas por 8 años; apenas siete meses después anunciaron, sorpresivamente, el hallazgo de un nuevo yacimiento, una mina de oro negro, que extendería la explotación hasta los 50 años.
Por detrás de este pacto estarían las coimas que investiga la SEC, tras una autodenuncia de la British Petroleum, propietaria del 60% de PAE y socia de los hermanos Bulgheroni, los que manejan la compañía.