Economía

Exigen a empresas telefónicas devolver el dinero mal facturado

La asociación Consumidores Responsables lanzó una campaña para exigir que las empresas Movistar, Claro, Personal y Nextel devuelvan a los usuarios el dinero que durante años facturaron “de manera fraudulenta”.

Tras el fallo judicial del Gobierno que obliga a las operadoras a facturar por segundo el cobro de las llamadas y no por minuto, como lo hacía hasta ahora, se “reconoció la existencia de este fraude en la facturación de las llamadas”, expresaron desde la Asociación.

 

“Por eso ahora exigimos que se nos devuelva el dinero que nos facturaron de manera fraudulenta”, explicó Henry Stegmayer, titular de Consumidores Responsables.

 

En diciembre del año pasado, el Gobierno dio a las empresas un plazo de 60 días para modificar el sistema de facturación. La Justicia Federal de San Nicolás había dictado un fallo a partir de la presentación de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) en el que obligaba a las operadoras a facturar por segundo el cobro de las llamadas.

 

El fallo cambia el sistema de facturación, que significa que si un usuario realiza una llamada de un minuto y un segundo las empresas le facturan dos minutos.

 

Para Stegmayer es “un avance, pero no debe, ni puede, significar una amnistía. Esto no puede derivar en un ‘borrón y cuenta nueva’, sino que las empresas deben devolver a los usuarios un resarcimiento”.

 

A través de su sitio web, Consumidores Responsables lanzó una campaña para conseguir firmas que avalen el reclamo de los usuarios. El listado de firmas, además de quedar disponible en el sitio web, será remitido a las autoridades, junto con una solicitud formal por el fraccionamiento por segundo.

 

La Campaña busca la fuerza de los consumidores para ubicarlos como una parte activa del reclamo. “La idea es alentar a los usuarios a completar el formulario con sus datos para sumar voluntades y reclamar por nuestros derechos”, consideró.

 

Desde Consumidores Responsables destacaron, además, que la telefonía celular constituye la principal fuente de recursos de las telefónicas porque ni siquiera los precios están regulados, toda vez que la legislación no la considera un servicio público.

 

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