Por Emilio Dheti/@EmilioDheti. Las paredes que se derrumbaron y provocaron la tragedia también llevaron nerviosismo al Palacio Comunal porque, si se comprueba que el siniestro fue provocado -una hipótesis que cobra más fuerza con el correr de los días- nadie quiere que la empresa Iron Mountain quede ligada al Gobierno y, mucho menos, a Mauricio Macri, en un año preelectoral.
Los días posteriores al incendio en el PRO se esforzaron por desviar el foco de atención hacia el funcionamiento de los operativos de emergencia de las dependencias porteñas, corriendo de la escena a las víctimas. Es que Macri no puede explicar 3 cosas: porqué el depósito de Barracas fue inspeccionado por última vez en julio de 2012; que fue lo que consideró para, en 2009, distinguir a Iron Mountain sin tomar en cuenta que tenía antecedentes de incendios en otros depósitos del mundo; y porqué fue la segunda empresa que desembarcó en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios, con exenciones en impuestos durante 10 años y línea de créditos blandas, si realiza una actividad ligada a otro rubro.
Inspección atrasada
La legislación porteña vigente estipula que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) debe inspeccionar una vez por año todas las empresas y locales comerciales que estén registrados en la Ciudad de Buenos Aires. El certificado de que elaboran los técnicos depende del correcto funcionamiento de los matafuegos, la señalización de las salidas de emergencia y la construcción con materiales ignífugos en zonas más vulnerables a los incendios. El depósito de Barracas fue habilitado el 8 de noviembre de 2007 y tenía los certificados anuales correspondientes. Pero en 2013 no se cumplió el procedimiento y nadie de la AGC dio explicaciones.
Por otra parte en diciembre de 2009 el propio Macri distinguió a los directivos de la empresa por ser una de las tres primeras inscriptas en el Registro de Empresas TIC de la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia se realizó en las propias oficinas de Iron Mountain con motivo del cierre del año del Consorcio de Empresas del Distrito Tecnológico de Parque Patricios, en Amancio Alcorta 2400.
En ese momento desconocía que en otros sitios del mundo, como Londres en Inglaterra, ardió un depósito de la empresa y se comprobó que el siniestro fue intencional. Días antes en Ottawa, Canadá, se incendió otro local de Iron Mountain; en ese momento la multinacional informó que perdió el 3% de lo almacenado. El último antecedente fue en 2011 en Aprilia, Italia. En los tres casos no hubo víctimas fatales.
Tampoco advirtió que en mayo de 2007 el Ministerio de Ambiente del Gobierno de la Ciudad clausuró un inmueble de Villa Lugano donde la empresa guardaba papel, cartón, envases, libros y muebles. El ex ministro de la cartera, Juan Manuel Velazco, firmó la resolución en la que el depósito carecía de “un plan de contingencia para casos de incendio, firmado por un profesional idóneo”.
Vínculo cercano
En Amancio Alcorta Iron Mountain instaló su sede central para apoyar el promocionado espacio del Gobierno porteño. Como todas las empresas que desembarcaron en el Distrito Tecnológico recibió un permiso especial para no pagar, durante 10 años, los impuestos de Ingresos Bruto, ABL, Derechos de Delineación y Construcciones e impuestos a los sellos.
Además obtuvo una línea de créditos preferenciales del Banco Ciudad para financiar la compra de inmuebles. Lo que no se puede explicar es cuáles fueron las razones para que una empresa de almacenamiento de documentos tuviera los beneficios reservados para aquellas relacionadas con la industria tecnológica e informática.
El vínculo entre el Gobierno e Iron Mountain también se refleja en dos contrataciones. En 2009 la empresa se adjudicó la licitación pública para instalar un servicio de digitalización e indexación de fotogramas e imágenes para la mesa de entrada y salida de la Legislatura por un monto de $ 990.610. Un año después obtuvo una adjudicación directa para digitalizar archivos para la Dirección General de Mesa de Entradas y Salidas por $ 62.000.
La última información que se tiene sobre la investigación, que avanza en un cerrado hermetismo, es que las imágenes de las cámaras internas del depósito permitirían comprobar que el incendio se originó en varios focos, lo que le daría más fuerza a la hipótesis de la intencionalidad.
Por estas razones ningún funcionario porteño habla públicamente sobre la tragedia de Barracas. Muchos brindaron su solidaridad a las familias de las víctimas, pero sin dar explicaciones. Es que nadie quiere entorpecer la candidatura presidencial del jefe del PRO. O lo tienen prohibido, como ocurre con el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, que se muerde la lengua a pesar que lloró la pérdida de 2 de sus hombres.