En una provincia que carga consigo un gravísimo problema de narcotráfico, esta novedad no es menor. “Desde un punto de vista procesal penal, Santa Fe era una de las provincias más atrasadas de toda Sudamérica, con sistema totalmente escrito, que además tenía rasgos de carácter inquisitivo como, por ejemplo, que toda la investigación la llevaba adelante el juez, teníamos un fiscal de adorno en la etapa de preparación del juicio y, en algunos casos, el mismo juez que investigaba era el que juzgaba, o el tribunal oral funcionaba como única instancia, algo que contradice el principio del doble conforme. Todo eso va a cambiar a partir de ahora”, prometió el funcionario en diálogo con este portal.
Así, este 10 de febrero será el inicio de esta nueva justicia penal, un sistema que permitirá que cualquier novedad en los procesos se tome en audiencias orales y públicas. Y no solamente el juicio propiamente dicho, sino cualquier otra decisión.
“Otra novedad es que no hay límite para las medidas cautelares y se genera la posibilidad de que la víctima participe del proceso, a partir de la figura del querellante autónomo, que efectúa sus peticiones con total libertad. Además, los jueces solamente van a tener tareas de índole jurisdiccional, ya que se les quitan todas aquellas de índole administrativo. De ahora en más, esas tareas las va a desempeñar una oficina de gestión judicial, a cargo de un empleado administrativo, quien se encargará, por ejemplo, de determinar la licencia de los empleados, pedir resmas de hojas, hacer las citaciones, llevar la agenda, todas cosas que insumen gran parte de la carga diaria del trabajo de un juez”, explicó Lewis.
El modelo inquisitivo, escrito, caracterizado por la centralidad del expediente, queda archivado, definitivamente, en un pasado donde abundan imágenes de una justicia lejana e inaccesible. El nuevo sistema, en cambio, es oral y público en todas sus instancias (no sólo en el juicio). El proceso está a la vista de las partes y de la sociedad, lo que determina una justicia más ágil, transparente, cercana y, sobre todo, más comprensible y humana, informaron desde el gobierno de Bonfatti.
En cuanto a los pasos que se deben seguir, el mandatario señaló que “ante un hecho ocurrido y denunciado, hay un fiscal que actúa acusando y siguiendo una investigación, con una policía a su disposición, a su vez hay un defensor junto al imputado, y un juez que lo único que tiene que hacer es resolver. Y obviamente una administración de la justicia de profesionales que no son abogados, que en la Oficina de Gestión Judicial distribuyen la labor diaria de todos los jueces en cada una de las cinco regiones”.
