A fines de octubre, el grupo italiano Camuzzi anunció la venta de la sociedad controlante de EDEA –la distribuidora eléctrica de la costa atlántica bonaerense– a la firma privada que maneja las riendas de Edelap, la operadora del servicio eléctrico de la región de La Plata que comanda Alejandro Macfarlane.
Por medio de la firma Disvol Investment S.A., el ex titular de Edenor y yerno del ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, cerró un acuerdo con Camuzzi para quedarse con la mayoría accionaria de IEBA (Inversora Eléctrica de Buenos Aires), la empresa controlante de EDEA. Según la información enviada a la Bolsa, la transferencia implicó un pago de US$ 5,5 millones y la cesión de un 5% de las acciones que Disvol tiene en Edelap.
Tras el anuncio de la compra de EDEA, Macfarlane –que fue uno de los principales directivos locales de Repsol en la década del 90 y que actualmente es director del Banco Macro de Jorge Brito– declaró a los medios que la distribuidora atlántica enfrentaba una “fuerte crisis vinculada con la falta de caja” por la no aplicación de un reacomodamiento tarifario.
Agregó también que debía iniciar una restructuración de la deuda de US$ 130 millones mediante “un acuerdo con los acreedores que nos beneficie a todos y nos permita seguir pagando los títulos”.
Más allá del relato de Macfarlane sobre el “complicado” panorama de EDEA, los últimos movimientos efectuados por la conducción saliente de Camuzzi mostraron que la situación económica y financiera de la empresa eléctrica no sería tan mala y comprometida.
En la reunión de directorio del 6 de noviembre, las autoridades de EDEA tomaron dos medidas relevantes.
Por un lado, aprobaron el pago del tercer y último tramo de $ 5 millones de los dividendos que faltaban distribuir este año. Esa suma forma parte del total de $ 49 millones de las ganancias que la empresa resolvió repartir tras el cierre del ejercicio 2013. El primer desembolso de $ 22 millones se concretó el 13 de junio. Y el segundo giro por una suma similar de $ 22 millones tuvo lugar el 5 de setiembre pasado.
Por otro lado, los directores salientes votaron por unanimidad entregarle a los accionistas una “distribución anticipada de dividendos de $ 18 millones” por las utilidades registradas hasta el 30 de setiembre de 2014.
Para algunos analistas del sector, estas medidas podrían configurar una maniobra de “vaciamiento” de la empresa que no pueden dejar pasar los funcionarios de la administración de Daniel Scioli que tienen que aprobar la venta de EDEA a los nuevos accionistas.
A este cuestionamiento económico se sumó en los últimos días otro planteo proveniente del ámbito gremial.
La Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF) que encabeza Guillermo Moser salió a reclamarle al Secretario de Servicios Públicos de la provincia, Franco La Porta el cumplimiento de la resolución 425 /2006 del ex ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.
Dicha norma –que había sido aprobada por Eduardo Sícaro, el ex ministro de Infraestructura de Felipe Solá– estableció una serie de requisitos mínimos que deben cumplir todas las empresas privadas que ingresan como accionistas a las empresas energéticas de la Provincia.
La nota remitida por la FATLYF a La Porta recordó que entre otras condiciones que tienen que cumplir los nuevos accionistas se encuentran las siguientes: una permanencia mínima de 5 años en la empresa, la contratación de un operador técnico, la presentación de un plan de negocios quinquenal, la regularización del personal que está fuera del convenio colectivo y un reconocimiento por escrito del vendedor y comprador acerca de que no tienen nada que reclamarle a la provincia por hechos derivados de la emergencia económica y la salida de la Convertibilidad.