Política

La FATLYF y las cooperativas resisten el nuevo cepo tarifario que Kicillof quiere imponerle a las provincias

Por Antonio Rossi.- La decisión del Gobierno nacional de imponerle a las provincias un nuevo cepo tarifario para que no aumenten las facturas de energía eléctrica, se topó con una marcada resistencia de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF) y las cooperativas de servicios públicos del interior del país.

La incipiente alianza que venían mostrando la conducción nacional lucifuercista y los directivos cooperativistas a la hora de reclamar cambios a las autoridades, se vio reforzada en los últimos días ante la sorpresiva movida de la administración kirchnerista que apunta mantener congeladas las tarifas eléctricas hasta finales de 2015.

 

Cuando todas la provincias y los propios funcionarios de la Nación ya daban como un hecho que el 31 de diciembre finalizaba el “acuerdo de convergencia eléctrica” que había frenado durante 2014 las subas tarifarias, el ministro de Economía, Axel Kicillof, resolvió unos días antes de Navidad dar marcha atrás con esa medida.

 

Con el fin de profundizar el transitorio microclima económico positivo que se respira por estos días con la baja del 5% acordada para los combustibles, la cotización más estable del dólar, la menor inflación y el repunte de las reservas del BCRA por encima de los US$ 30.000 millones, Kicillof decidió extender el congelamiento de las tarifas eléctricas hasta nuevo aviso.

 

Para lograr ese objetivo y ante la prácticamente nula injerencia que tiene ante las provincias Mariana Matranga, la camporista que puso al frente de la Secretaría de Energía, Kicillof tuvo apelar nuevamente al ministro de Planificación, Julio De Vido, para que ponga la cara y negocie, otra vez, con los gobernadores una nueva prórroga del “convenio de convergencia tarifaria”.

 

Por medio de ese acuerdo –que el relato oficial bautizó como la “reafirmación del federalismo eléctrico” –, las provincias aceptaron no actualizar las tarifas de sus distribuidoras y cooperativas a cambio de que la Nación les gire durante 2014 algo más de $ 4.000 millones para la realización de las obras más urgentes que estaban programadas en el interior.

 

Como suele ocurrir con la mayoría de los planes y las promesas nacionales, las empresas eléctricas provinciales sólo recibieron el equivalente al 40% de los fondos en juego mientras que sus costos operativos y salariales no pararon de subir por el impacto inflacionario.

 

Ante los incumplimientos de la Nación y la necesidad de atender los mayores gastos en sueldos y en la ejecución de las obras que se vieron demoradas, las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, San Luis, Tucumán y Chaco anunciaron que van a reajustar las tarifa entre un 25% y 32% a partir del primer bimestre de 2015.

 

Pero tras el cambio de parecer, De Vido salió a presionar a las provincias y logró el compromiso inicial de Jujuy, Neuquén, Santa Cruz, Formosa y Tierra del Fuego para extender otro año más el cepo tarifario a cambio del desembolso de fondos para obras.

 

Frente a esa jugada y la embestida que se apresta a lanzar el Gobierno ante el resto de los gobernadores, la FATLYF y las cooperativas pusieron el grito en el cielo y alertaron que esta vez no van aceptar el congelamiento sin un compromiso previo y concreto de que Economía girará los recursos que hagan falta para cubrir los gastos y las actualizaciones salariales de los próximos meses.

 

El titular de la federación de Luz y Fuerza, Guillermo Moser, advirtió que llevará sus planteos ante los ministros de Economía, Planificación y Trabajo para poder garantizar el pago de los sueldos a todos los empleados de las distribuidoras eléctricas del interior del país.

 

Moser –de manera diplomática, pero firme– recordó que hasta ahora los trabajadores del sector “han prestado su máxima colaboración para resolver los problemas de suministro y superar los cortes del servicio”. Pero deslizó que en caso de no ser escuchados, saldrán a adoptar las acciones que sean necesarias para garantizar el cobro de los salarios.

 

Por su parte, los representantes de las cooperativas eléctricas de Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos alertaron que sin un aumento tarifario, no podrán afrontar la liquidación de sueldos a partir de marzo.

 

En Buenos Aires, existen alrededor de 200 cooperativas eléctricas que operan en el interior de la provincia y que, por la falta de fondos, resolvieron estirar el pago de la totalidad del aguinaldo hasta mediados de enero.

 

En La Pampa y Entre Ríos, las cooperativas que abastecen a más del 50% de los hogares de esas provincias también enfrentan serias dificultades financieras y no descartan dejar de pagar la energía que reciben de la CAMMESA si es que no reciben el visto bueno oficial para aumentar sus ingresos por la vía tarifaria.

 

Las entidades que nuclean a las cooperativas provinciales prevén lanzar en los próximos días una fuerte ofensiva sobre los gobernadores para que no acepten el congelamiento que impulsa Kicillof.

 

Si sus planteos no son escuchados, harán públicamente responsables a mandatarios por lo que pueda suceder con la prestación del suministro eléctrico. La prueba de fuego será con el gobernador bonaerense y candidato a presidente por el oficialismo, Daniel Scioli.

 

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