Con motivo del aniversario, decenas fueron convocadas distintas marchas en todo el país para exigir al gobierno que encuentre a los jóvenes desaparecidos en septiembre en Iguala (Guerrero, sur), un crimen que el propio Peña Nieto reconoció que marcó “un antes y un después” de su presidencia (2012-2018).
En la capital, miles de mexicanos pidieron la renuncia del mandatario. Por la noche, encapuchados armados con palos destrozaron fachadas de numerosos comercios y bancos del emblemático Paseo de la Reforma; arrojaron cócteles molotov dentro de los locales e hicieron fogatas en las calles.
Centenares de policías antimotines arribaron a la zona para evitar que manifestantes llegaran a la sede del Senado. Un portavoz del gobierno capitalino dijo que fueron detenidos tres hombres de 17, 18 y 19 años.
En Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro, escritores como el chileno José Donoso y el mexicano Juan Villoro encabezaron una marcha también en protesta por la desaparición de los estudiantes.
Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre después de ser atacados por policías de Iguala que presuntamente obedecían órdenes de su alcalde. Después los agentes entregaron a 43 sobrevivientes a sicarios del cártel Guerreros Unidos que, según declaraciones de detenidos, los habrían asesinado e incinerado.
Ante la falta de pruebas científicas, los padres se aferran a la idea de que están vivos y exigen al gobierno redoblar la búsqueda.
Según una encuesta, la aprobación de Peña Nieto se redujo entre agosto y finales de noviembre del 46% al 39%, mientras que otra señaló una reducción del 46% al 41%.
Se trata del nivel de popularidad más bajo de un presidente mexicano desde mediados de la década de los noventa, durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando México atravesaba por la crisis económica conocida como “Efecto Tequila”.
El supuesto crimen de Iguala, uno de los peores de la historia reciente de América Latina, generó una indignación sin precedentes en el país, hastiado de años de violencia.
Peña Nieto envió al Congreso un paquete de reformas constitucionales en materia de seguridad para enfrentar la infiltración del narcotráfico.