El nuevo capítulo incluye al Secretario de Justicia de la Nación y miembro del Consejo de la Magistratura con un pedido de juicio político a Claudio Bonadio por “extorsionar” a ese cuerpo con medidas que involucran a altos funcionarios cada vez que avanza en el análisis de su conducta.
“Claudio Bonadio es un extorsionador, un pistolero, que está utilizando las causas judiciales como la (pistola) Glock que tiene en su casa”, sostuvo el número dos del Ministerio de Justicia de la Nación.
El viceministro de Justicia hizo esta denuncia minutos después de conocerse que Bonadio pidió a la AFIP las declaraciones juradas de impuestos de Cristina Fernández de Kirchner, su difunto marido, Néstor Kirchner, los hijos de ambos, Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez.
Álvarez presentó el pedido ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, donde denunció que el juez adoptó esa conducta en al menos cinco oportunidades, contra distintos funcionarios públicos, como el vicepresidente Amado Boudou, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti.
El planteo contra Bonadio apunta a la causal de “mal desempeño en sus funciones”, pero de la alocución del viceministro se desprendieron términos como “extorsión” y “protección” que podría constituir delitos.
Alvarez consideró que con el allanamiento ordenado por el magistrado en la AFIP en busca de las declaraciones juradas de la Presidenta y miembros de su familia “está extorsionando al Consejo de la Magistratura”, que iba a analizar algunas de las denuncias en su contra.
“Todo el mundo sabe que Bonadio es un juez de la servilleta de (el ex ministro menemista de Interior Carlos) Corach, un pistolero, no tiene antecedentes para ser juez de la Nación”, sostuvo.
Efectivos de la Policía Metropolitana fueron comisionados por el cuestionado juez para presentarse ante la AFIP y recabar la información sobre los Kirchner y Báez, en el marco de la causa en la que investiga presuntas irregularidades en la empresa Hotesur S.A., que administra el hotel Alto Calafate.
En el caso del ex presidente Néstor Kirchner, se trata de las declaraciones juradas entre los años 2008 y 2010, cuando falleció.
La medida ordenada responde a las declaraciones de impuestos a los bienes personales y a las ganancias e involucra también a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista, a integrantes de la sociedad Hotesur, entre ellos Romina Mercado, y directivos de Valle Mitre, una firma también vinculada con Lázaro Báez.