La Caravana Brigada Nacional de los 43 Desaparecidos se dividirá en tres secciones que partirán hacia varios puntos del país desde la escuela rural para maestros a la que asistían los jóvenes desaparecidos, ubicada en la comunidad de Ayotzinapa, (Guerrero, sur), a 290 km al sur de la capital mexicana.
“El objetivo es decirle a la gente que seguiremos exigiéndole al gobierno que los encuentre, que para nosotros todos están vivos y que debe seguir con la búsqueda”, explicaron.
Las caravanas se efectúan en el marco de una serie de protestas luego de que la fiscalía informara que, según sicarios detenidos, los 43 jóvenes fueron asesinados, sus cadáveres incinerados en un basurero y los restos arrojados a un río del municipio de Cocula, vecino de Iguala, donde desaparecieron tras ser baleados por policías y narcotraficantes el 26 de septiembre.
Uno de los miembros del Comité Directivo Estudiantil de la Escuela Normal de Ayotzinapa dijo que durante las concentraciones que efectuarán las caravanas en las regiones que recorrerán su objetivo será “pedir a la población su apoyo para encontrar a los jóvenes”.
Los padres de familia se aferran a la investigación que realiza, a pedido suyo, un grupo de forenses argentinos que el martes difundió sus primeros resultados y que concluye que 24 de los 39 cuerpos extraídos de fosas clandestinas en alrededores de Iguala, durante la primera parte de la búsqueda de fuerzas de seguridad, no pertenecen a ninguno de los estudiantes.
En medio del endurecimiento de las protestas que culminaron con el incendio del Congreso de Guerrero, el gobierno insiste que pese a las declaraciones de los sicarios, mantiene activas las tareas de búsqueda.
Al mismo tiempo, la fiscalía ha recurrido al prestigioso laboratorio de la Universidad de Innsbruck (Austria) para efectuar análisis de ADN a los innumerables restos calcinados encontrados en Cocula. En ese laboratorio se han identificado restos de víctimas del régimen del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), y otros encontrados en Sri Lanka tras el devastador tsunami de 2004.
La balacera contra los estudiantes el 26 de septiembre fue ordenada por el ahora ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, detenido, de acuerdo con la investigación oficial.
El 23 de octubre el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, renunció su cargo y fue sustituido por el académico Rogelio Ortega, y este miércoles el fiscal estatal Iñaky Blanco, formalizó su renuncia ante el Congreso estatal que nombró en su sustitución interina al vicefiscal Víctor León Maldonado.