“Luciano nos dice que un grupo de policías le pedía salir a robar para ellos. Le ofrecían armas, vehículos, la liberación de las zonas y que, como era menor, tenía la salida asegurada. Lo detienen sistemáticamente, lo paraban en la calle, lo golpeaban, se lo llevaban a la cárcel, sufrió torturas y detenciones, porque se negaba a robar para la policía”, contó su hermana en diálogo con La Metro.
Antes de su desaparición, Vanesa y su madre fueron a buscarlo y escucharon cómo era golpeado en la cocina. “No podíamos hacer nada porque pelear contra una mafia organizada como es la Policía Bonaerense es al cuete”, sostuvo Orieta.
“Yo iba a buscar a mi hermano y me peleaba con la policía y les decía que nosotras no íbamos a permitir que siguieran haciendo lo que hacían, pero nos amenazaban. ‘Si vos seguís gritando a tu hermano lo llevamos a la 8va para que otros presos se encarguen de tu hermano, de violarlo’”, le decían. La amenaza era concreta y ese día “lo obligaron a comer un sándwich que escupieron los policías, se cagaban de risa”, dijo Vanesa.
El caso Arruga es presentado como ejemplo emblemático de desaparición forzada en democracia. En febrero de 2010 la familia solicitó que se investigara como tal y por lo tanto pasara a la justicia federal pero hasta hoy la causa sigue en el Juzgado Nº 5 de La Matanza.
“Nadie supervisó durante la inauguración del destacamento policial, las detenciones arbitrarias, los responsables tienen nombre y apellido: el gobernador Scioli y el intendente de La Matanza, Espinoza. La Policía Bonaerense se maneja de esta forma en todos los barrios humildes”, denunció la hermana de Luciano.
“Los funcionarios de gobiernos se tienen que poner las pilas y trabajar. A los tres años y ocho meses, después de un escrache en CQC porque no se hablaba del caso, Scioli nos atiende en La Plata. Pero nos dice que no tiene tiempo, nos echaron de la oficina cuando hablé de corrupción de la Policía. Fuimos a plantear la causa y la responsabilidad que tienen los funcionarios, el poder político y el judicial”, relató Orieta y agregó que “mandamos una carta a Nación y la respuesta fue que tampoco tenían tiempo para atendernos. No fue rápido el accionar del Gobierno nacional. Hubo decisión política y judicial de no investigar la causa”.
Para Vanesa, tiene que haber “una condena social a los responsables directos de la desaparición. Los responsables no están procesados, los policías fueron corridos de la fuerza recién el año pasado. Las fuerzas actúan de forma cooperativa, no se denuncian”.
Además, subrayó que “el tema no pasa por si acepta o no salir a robar, el tema central a analizar es que tenemos una fuerza de seguridad que manda a robar. Hay un control policial en las villas que esta naturalizado, para que a un pibe por portación de rostro se lo golpee, criminalice o discrimine”.
“Los policías nos matan pibes en los barrios humildes. Hoy se secuestra, se tortura y se desaparece, así corre riesgo la democracia. La revisión de los derechos humanos no es solo en la dictadura militar”, reflexionó la hermana de Luciano.