“Vamos a enviar mil agentes de las fuerzas federales a Córdoba para evitar cualquier tipo de acción que implique medidas de carácter extorsivo, no se puede actuar bajo extorsión”, señaló Capitanich.
Durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa Rosada, el funcionario sostuvo que “es imprescindible hacer valer el orden institucional y enviar fuerzas federales es un mecanismo de prevención”.
“Nadie que porte armas en resguardo de la seguridad ciudadana puede extorsionar a los gobiernos”, indicó.
Cuatro efectivos policiales de Córdoba fueron pasados a situación pasiva por el jefe de Policía, Julio César Suárez, bajo la presunción de que estarían impulsando un nuevo autoacuartelamiento en reclamo por mejores condiciones laborales.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Walter Saieg, confirmó que el gobernador José Manuel de la Sota se comunicó con el Gobierno nacional para solicitar la presencia de Gendarmería.
En declaraciones periodísticas, el ministro provincial advirtió que “no vamos a permitir que se produzca ningún hecho de alteración de paz social como ocurrió en diciembre”.
“Un grupo minúsculo estaba incentivando este tipo de cosas”, sostuvo el funcionario de la gestión de De la Sota, al confirmar el pedido para que la Nación refuerce la seguridad en la provincia.
Por su parte, Capitanich afirmó: “me comentaron que hay grupos minúsculos de policías, que no tienen una vocación de servicio y mienten cuando afirman que van a ser sancionados, que han sido sacados de un lugar para otro, cuando dicen que la comida no es buena”.
Atentar “contra los derechos constitucionales de la sociedad genera desánimo, aunque la gran mayoría de los policías ha entendido este mensaje, se puso a trabajar, quiere revertir cuanto antes la situación y ganar nuevamente la confianza de la gente”, añadió.
Mientras tanto un grupo de mujeres, familiares de efectivos policiales, permanecían manifestándose frente a la Jefatura de Policía aunque descartan un acuartelamiento y niegan estar alineadas con agentes sancionados.