También instaura el derecho a la asistencia gratuita para las afectadas, independientemente de su nivel económico, en estos procedimientos. Además, las denuncias que presenten las víctimas de la violencia machista serán irrevocables.
Según la ministra de Justicia Anna Maria Cancellieri, es una medida que busca evitar que las mujeres se retiren del proceso judicial por miedo o por las presiones o amenazas del denunciado.
En Italia, en 2010, se contabilizaron 105.000 delitos de violencia contra las mujeres. En ese país, ellas presentan cada día unas 95 denuncias por amenazas, 64 por lesiones y 10 por violencia sexual, según cifras de las organizaciones de mujeres (no existen estadísticas oficiales).
La nueva normativa, incluye una figura nueva: el “arresto in fraganti”, que implica que si un hombre es detectado cometiendo una agresión puede ser expulsado de su domicilio, y si se aprecia riesgo, puede ser detenido y enviado directamente a prisión. Algo que, en la práctica sin embargo, es poco viable según los expertos, que indican que en un país con cárceles superpobladas es improbable que el juez confirme esa detención si el agresor no tiene antecedentes por el mismo delito.
El decreto, que entra en vigor pero que debe ser ratificado aún por el Parlamento, marca también que los procesos de violencia machista tendrán preferencia en los tribunales. Además, las extranjeras víctimas de violencia machista podrán tener un permiso de residencia por motivos humanitarios.