Los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky ordenaron continuar la investigación penal con respecto a las responsabilidades de Mauricio Macri en la causa por el accionar violento de la desactivada Unión de Control de Espacio Púbico (UCEP), donde está acusado por 17 casos de desalojos violentos contra personas que vivían en la calle.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había revocado el sobreseimiento de Macri en la denuncia de coacción agravada y abuso de autoridad por el accionar violento de la UCEP.
Macri, había sido indagado por disponer, con la colaboración del entonces Ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, la conformación de una repartición pública (la UDEP) cuyo objeto era desocupar los lugares públicos -plazas, calles, bajos de autopista- de personas en situación de calle que pernoctaban allí.
También se indicó que para esos desalojos se habrían utilizado prácticas contrarias a la ley, al dictar el 21 de octubre de 2008 el Decreto Nº 1232/08; cuyas previsiones resultan contrarias a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, a la Constitución Nacional y a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
El sobreseimiento de Macri había sido dictado por la jueza en lo Criminal, María Fontbona de Pombo, luego revocado por la Cámara de Apelaciones.
Según los jueces, el accionar del jefe de Gobierno es doblemente reprochable. En primer lugar, por crear el organismo de la UCEP, pero además, conociendo la actividad ilícita de sus agentes ante las denuncias formuladas por diferentes instituciones no ordenó su disolución inmediata ni tampoco efectuó controles para evitar la repetición de los sucesos, sumado a que decidió ratificar en funciones a la UCEP mediante el dictado del decreto Nº 145/2009.
Los abusos perpetrados por los miembros de la UCEP sobre indigentes o personas en situación de calle, fueron motivo de denuncias desde 2010 por la Legislatura de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo, Prensa Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.
La UCEP fue ratificada por la gestión de Macri, mediante el decreto Nº 1232/08, con el objetivo de mantener el espacio público libre de “usurpadores.
Las denuncias al accionar provocaron la renuncia del entonces ministro de Ambiente y Espacio Público, Piccardo, y la intervención de la justicia penal, que inició una investigación a cargo del juez de Instrucción Facundo Cubas, en la cual se corroboraron por lo menos 17 hechos delictivos de violencia.
Actualmente el jefe de Gobierno porteño y veintinueve funcionarios más se encuentran imputados por delitos que incluyen lesiones, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.