Es conocida la máxima gatopardista: cambiar para que nadie cambie. Los recientes nombramientos en las carteras de Seguridad y Defensa parecen ir en esa dirección y refuerzan la idea de que para el gobierno lo que importa son las formas y no las urgencias de una ciudadanía cansada de tanta inseguridad.
Aún cuando la realidad nos muestre otro escenario, pensamos que el Gobierno tiene una oportunidad histórica de reivindicarse con los argentinos y llevar adelante políticas públicas efectivas en materia de seguridad. Desde el denarvaísmo mantenemos, por un lado, la firme convicción de que el Estado no puede desentenderse de esta problemática y, por otro, que acompañaremos cualquier iniciativa seria que nos demuestre que el oficialismo quiere enfrentar con responsabilidad este grave problema.
Como representantes de la ciudadanía hemos presentado múltiples proyectos legislativos focalizados en la recopilación de estadísticas delictivas, de control de armas y fronteras, de financiamiento de fuerzas policiales y de convocatoria al consejo de seguridad interior. A ninguno se le prestó atención pues, hasta el momento, no ha habido voluntad política para dar un debate parlamentario en el que las diferentes fuerzas políticas pongamos en común nuestros puntos de vista.
La situación es preocupante: los delitos se han incrementado y también la violencia con la que se cometen; el consumo de droga, uno de los principales potenciadores de esta situación, aumenta permanentemente; sólo el 8% de nuestro espacio aéreo está radarizado, lo que quiere decir que sólo una pequeña parte del territorio nacional está equipada para detectar vuelos irregulares que pueden ingresar al país con estupefacientes. Respecto de las armas sin registrar se estima que en nuestro país hay alrededor de 1.200.000.
Hasta ahora las pocas medidas que se tomaron al respecto representan un rotundo fracaso y constituyen reacciones espasmódicas. No se contempla el problema de manera integral. Ejemplos de ello son el Operativo Centinela y el Operativo Escudo Norte, sin olvidar las promesas (incumplidas) de inversiones en las áreas de seguridad y los programas de entrega voluntaria.
La defensa nacional también ha sido desatendida y es posible encontrar en ella más fracasos políticos. Baste sólo mencionar el accidente el rompehielos Almirante Irízar, el embargo de la Fragata Libertad en Ghana, el hundimiento del destructor Santísima Trinidad y la avería del buque Canal Beagle. La evidencia es contundente y es producto de la falta de recursos en el área que en 2013 redujo en su presupuesto las horas de vuelo en un 74%.
Por todo eso y por otras deficiencias que venimos advirtiendo desde el denarvaísmo, pedimos que los nuevos funcionarios trabajen en lo que hace falta: la unificación del sistema de información criminal, la radarización de espacio aéreo, la puesta en valor de las fuerzas de seguridad, la optimización de los sistemas de prevención, la revitalización de la campaña antártica y los ejercicios de cooperación con países vecinos y la recomposición de los recursos humanos y materiales de las Fuerzas Armadas.
Sabemos que gran parte de lo que pedimos sólo puede lograrse si hay voluntad política para discutir y aplicar políticas públicas eficientes y proactivas en materia de seguridad. Los cambios de nombres sólo tienen un efecto mediático limitado. Las políticas serias, lo trascienden.