La iniciativa nació de la fusión de todos los proyectos referidos al tema y fue defendida en el recinto por Marcelo Feliú (FpV), Fernanda Antonijevic (Frente Amplio Progresista) y Natalia Gradaschi (Nuevo Encuentro). Entre sus puntos más relevante propone fijar un plazo seis meses, a contar desde que se toma la primera medida de protección del menor que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, y con el resguardo de las debidas garantías del debido proceso para todas las partes involucradas, para que el juez decida si están dadas o no las condiciones de “desamparo moral o material” y así resolver la situación de adoptabilidad del menor cuyos derechos se vean afectados.
“El juez tendrá que analizar el expediente en ese lapso. Los servicios locales de niñez servirán de faro que el magistrado determine, y con esto recalcamos que la niñez y la adolescencia tienen que tener una mirada exclusiva y específica” explicó Marcelo Feliú.
Por su parte Antonijevic destacó que el proyecto no está tratando a los menores como incapaces; sino que se establece el derecho a ser oído y a partir de los 10 años se exige el consentimiento del niño”.
Además agregó que “esta Ley va a ser herramienta contra la trata de personas”.
Otra de las legisladoras que explicó el avance de esta ley fue Natalia Gradaschi quien detalló que “existen en la provincia de Buenos Aires 947 niños con la declaración de adoptabilidad ya formulada, de los 5000 que se encuentran institucionalizados, y hay 17601 familias inscriptas para adoptar”; por ello reclamó “terminar con esta estadística y garantizarles a los niños una familia”.
