La norma “asegura la democratización de los medios masivos de comunicación”, según un comunicado del MPP difundido al cierre de un congreso, a principios de mes, y que desató críticas dentro y fuera del oficialismo.
El senador Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, declaró al diario El País que antes de enviar el proyecto de ley al Congreso, el gobierno debería convocar a todos los partidos para consensuar la norma.
“Éste no es un proyecto de ley más que aterriza en el Parlamento y luego se discute en comisión, estamos hablando de una política que abarca a los medios de comunicación”, señaló.
La versión uruguaya de la ley de medios prohíbe que las empresas de televisión presten servicios de telecomunicaciones, por lo que no podrían ofrecer servicios de telefonía y transmisión de datos. A la inversa, prohíbe a las empresas telefónicas prestar servicios de televisión.
La ley también establece un porcentaje obligatorio de programación nacional en los canales de televisión abierta. Y prevé que espectáculos de alto interés público se emitan por las señales de aire, lo que incluye los partidos de la selección uruguaya.
Además, la norma establece cuáles son las imágenes violentas que no se podrán emitir en horarios de protección al menor, incluyendo en los informativos.