En Brasil sólo se contemplaba la figura de la “unión estable” de personas del mismo sexo, que en términos de derechos es equivalente a un casamiento, aunque sus miembros son considerados “solteros” y como tales tienen limitaciones en cuanto a herencias y otras garantías reservadas a los matrimonios heterosexuales.
La decisión del CNJ, adoptada por catorce votos contra uno, declara que a partir de la publicación de esta resolución, los registros civiles quedarán “obligados” a convertir una unión estable en un casamiento si así es solicitado, y que no podrán negarse a casar a parejas de homosexuales.
Es decir, en la práctica supone legalizar el casamiento entre personas del mismo sexo.
“A diferencia de Uruguay y otros países que han permitido el casamiento entre homosexuales mediante una ley, en Brasil ocurre por una acción del Poder Judicial, ante el silencio del legislador”, dijeron desde el CNJ.
Uruguay aprobó la ley el 11 de abril de este año, después que Argentina sentara precedentes en el tema como el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario.
La “unión estable” fue consagrada en mayo de 2011 por el Tribunal Supremo, que la igualó en derechos al matrimonio, justamente por la falta de legislación al respecto.
Según el CNJ, aunque el Congreso no se pronunció, se debían “armonizar” y “reglamentar” las resoluciones que existen sobre el asunto, con base en principios constitucionales que rechazan todo tipo de prejuicios e “igualan” a todos los ciudadanos ante la ley, independientemente de su sexo.
El magistrado Joaquim Barbosa, en su condición de presidente del Supremo y del CNJ, consideró que “no tendría sentido esperar a que el Congreso legisle para darle efectividad a una decisión judicial”.
El CNJ, que supervisa y regula la actuación de la justicia del país, explicó en su decisión que, si algún registro civil se niega a partir de ahora a celebrar un casamiento gay, podrá ser denunciado ante ese organismo, que “tomará las medidas punitivas respectivas”.
Según datos oficiales, desde esa decisión del Supremo de mayo de 2011, en trece de los 27 estados del país fueron registradas 1.277 uniones estables de parejas del mismo sexo, pero la falta de legislación al respecto llevaba a muchos jueces a negar incluso ese derecho.
Ahora, esas parejas podrán exigir que la unión estable se convierta en un matrimonio con todas las de la ley.