El juez, que alcanzó fama internacional tras llevar a la justicia al ex dictador chileno Augusto Pinochet, sólo podrá volver a trabajar tres años, dado que en España la edad máxima de retiro impuesta por la ley es de 70 años.
El Tribunal Supremo sostiene que Garzón, al ordenar las grabaciones, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión “sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”.
Durante el juicio de este caso, que concluyó el pasado 19 de enero, Garzón defendió su decisión de ordenar las escuchas y señaló que se hicieron para evitar que los acusados siguieran delinquiendo y blanqueando dinero desde prisión.
Además del caso de las escuchas a los presos de la trama Gürtel, Garzón tiene otras dos causas abiertas en su contra: una por supuesta prevaricación en su investigación sobre los crímenes cometidos por el franquismo y otra por haber aceptado, presuntamente, la financiación irregular de cursos impartidos por él en Estados Unidos.