La pena era de tres años de prisión, pero se redujo la pena a la mitad. El presidente del Tribunal, Guiseppe Dalla Torre, explicó que la reducción de pena se produjo “por sus servicios” prestados al Papa Benedicto XVI, “su convicción, que el juez considera errónea, de servir a la Iglesia”, “su conducta durante el proceso” y “su conciencia de haber traicionado al Papa”.
Antes, el mayordomo, para quien el fiscal solicitó una pena de tres años de prisión, afirmó haber actuado “por amor a la Iglesia” y “no ser un ladrón”.
La abogada de Gabriele, solicitó que el delito fuera reclasificado como “robo” con “apropiación ilícita” y pidió que, si los jueces seguían contemplando el delito de robo, fuera condenado a la pena mínima prevista por ello, es decir, tres días de detención.
El mayordomo negó la acusación de robo agravado, único cargo presentado en este proceso, y podría apelar para evitar la cárcel en Italia.
El juicio fue un paso sin precedentes en la transparencia de la Santa Sede, pero algunas voces críticas lo ven como una maniobra para contener un escándalo mayor.
La manera en que el presidente del tribunal, Giuseppe Dalla Torre, condujo el juicio fue criticada, al centrarse estrictamente en el cargo contra el mayordomo, “robo agravado”, e impedir que cualquier otro aspecto del caso “Vatileaks” fuera mencionado.
También interrumpió al acusado cada vez que trataba de explicar sus motivos y su deseo de ayudar a Benedicto XVI, al que consideraba “manipulado”.
La tesis de una gran conspiración organizada por cardenales parece poco probable, pero la instrucción del caso “Vatileaks” no terminó y todavía podría llevar años.