El Gobierno propuso una reducción de tributos para nuevas concesiones. Solo entrarán en vigencia si las provincias eliminan Ingresos Brutos y Sellos.
El proyecto de ley de Presupuesto 2027 que Javier Milei y Toto Caputo enviaron al Congreso incluye un artículo para reducir los impuestos a nuevas concesiones viales destinadas a la construcción y el mantenimiento de rutas. Las exenciones estarán atadas a que las provincias bajen Ingresos Brutos y Sellos.
El esquema, plasmado en el artículo 67 del texto, dispone que los concesionarios de nuevas rutas -entregadas a la gestión privada a partir de la sanción del Presupuesto- puedan computar el 100% del impuesto al Cheque a cuenta del impuesto a las Ganancias, el IVA y el pago de contribuciones patronales.
Además, se otorgarán certificados de crédito fiscal del IVA contenido en el monto de las operaciones destinadas a ejecutar la construcción y el mantenimiento de rutas.
El Gobierno también les ofrece a los privados que quieran tomar esas concesiones la posibilidad de optar por la amortización de los bienes de capital dispuesta en el actual régimen del impuesto a las Ganancias o por un esquema acelerado.
En el caso de bienes muebles -excepto automóviles- la oferta supone amortizarlos en al menos dos cuotas iguales y consecutivas. Para las obras de infraestructura vial, el régimen permite reducir a la mitad la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que resulte de considerar la vida útil de estas construcciones.
Por último, el Ejecutivo nacional invitó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires “a adherir a la presente disposición y a adoptar exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos respecto de los titulares de los contratos de concesión de obra pública referidos en el primer párrafo del presente artículo”.
El texto advierte, sin embargo, que es una invitación forzosa: “La adhesión de las jurisdicciones correspondientes, en estos términos, será condición necesaria para la vigencia de los beneficios previstos en los párrafos precedentes de este artículo”, aclara.
A comienzos de septiembre, Caputo había adelantado que enviaría al Congreso un esquema de “cero impuestos” para entregar en concesión unos 6000 kilómetros de rutas y caminos que no son considerados rentables.
“Una cosa que vamos a hacer, y en la que estoy seguro de que contaremos con el apoyo de los gobernadores porque coinciden en que la inversión en rutas e infraestructura es fundamental, es proponer que toda inversión en 6000 kilómetros sea a cero impuesto nacional, provincial y municipal, de manera que se genere más incentivo, sea más barato todo este proceso de desarrollo y se haga más rápido”, dijo al hablar en Vientos de Cambio, que organizó la Fundación Libertad y Progreso.
El anuncio llegó luego de la concesión de unos 9000 kilómetros de rutas consideradas “rentables” por el sector privado. Caputo esperaba que los privados reactiven la actividad y dieran el puntapié inicial a los "mejores 18 meses de la historia", pero la construcción no arranca.
Este sistema de exenciones es el camino que encuentra el ministro para promover el interés privado en la gestión de rutas que, por el volumen de tránsito, no resultan atractivas para las empresas. Las obras públicas siguen prohibidas en el dogma de Milei.
Mientras tanto, el presupuesto para obras viales cae a los niveles más bajos en 25 años. Según los datos oficiales que relevó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad cayó 79% entre 2023 y 2026, en términos reales. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un aumento interanual del 30%, también descontada la inflación.
Sin embargo, los $887.000 millones presupuestados resultan 73% inferiores, siempre en términos reales, a los fondos que el Estado destinaba a las obras viales hasta 2023. A plata actual, la Nación invertía casi $3,3 billones en la manutención de rutas.
