Sucede que el máximo órgano del poder judicial norteamericano deberá definir será. Sintéticamente lo que pasó fue que la justicia norteamericana rechazó el pedido argentino que -apelación mediante- reclamó contra una orden del juez de primera instancia que le requirió pagar 1.330 millones de dólares a los “fondos buitres”: acreedores por bonos que no acudieron a dos reestructuraciones, luego del incumplimiento de deuda gubernamental por 100.000 millones de dólares ocurrida en 2001.
Pero recién dentro de un año se decidirá si argentina deberá pagar o no. La decisión correrá por parte de la Corte Suprema; aunque el mismo poder estatal deberá primer definir si accede a la causa o no.
Según el tribunal el cumplimiento del mandato judicial se mantiene pendiente de que la Corte Suprema de Estados Unidos resuelva una apelación de una decisión anterior.
En tanto que la apelación por parte de Argentina explicitó que el pago “afectan cuestiones federales que son las únicas que puede revisar la Corte Suprema”
