El Gobierno anunció que convocará a empresas para “analizar” las mejoras que pidió el gobernador de Salta, en la previa de una batalla en el Congreso.
Toto Caputo y Gustavo Sáenz (archivo)
La privatización del Belgrano Cargas quedó atravesada por la pulseada entre Gustavo Sáenz y el gobierno de Javier Milei. El ministro de Economía, Toto Caputo, anunció reuniones con mineras y operadoras logísticas para evaluar inversiones en los ramales C14 y C15 del Norte Grande, que Salta reclama incorporar como obras obligatorias de la concesión.
Contrarreloj y con el objetivo de evitar que los legisladores salteños se sumen a la ofensiva opositora para tumbar el DNU 70/23, la Casa Rosada buscó contener el reclamo del gobernador en la previa de una batalla legislativa clave para el Gobierno. Sáenz cuenta en el Congreso con tres diputados y un senador que pueden ser decisivos para la suerte de las iniciativas oficiales.
Por medio de un atípico comunicado, sin membrete y que no fue publicado en su cuenta oficial, el Ministerio de Economía señaló que la próxima semana se reunirá con compañías mineras y de transporte para evaluar “medidas que optimicen la capacidad operativa y el funcionamiento integral” de los dos ramales.
Sin mayores precisiones sobre el lugar, el horario y los funcionarios que intervendrán en las reuniones, el comunicado de Caputo apuntó a contener la ofensiva desplegada por el mandatario salteño y las entidades industriales y agropecuarias del Norte Grande, que exigen incorporar la recuperación de esos ramales entre las obras obligatorias que deberá concretar el futuro concesionario privado del Belgrano Cargas.
La presión de Sáenz para ampliar las inversiones en los ramales salteños se produce en medio de la ofensiva opositora contra el DNU 70/23 y del tratamiento legislativo de dos proyectos significativos que impulsa la Casa Rosada y para los cuales necesita el apoyo de los gobernadores aliados: el Presupuesto 2027 y la reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO.
Más allá de haber tomado nota del reclamo por los ramales que conectan con Chile y Bolivia, la reacción del gobierno de Milei se limita a una vaga promesa de tratar el tema, sin que por ahora se vislumbre la posibilidad de modificar los pliegos.
Con respecto al ramal C14, Caputo planteó “analizar medidas que optimicen la capacidad operativa con foco estratégico en la Puna salteña, nodo central del desarrollo minero de la provincia”. Para el ramal C15, el Gobierno impulsaría “la búsqueda de fondos de inversión privados para la puesta en funcionamiento integral sin alterar el modelo de equilibrio fiscal nacional”.
Con 553 kilómetros de extensión, el ramal C14 comunica la capital salteña con Socompa y enlaza con el ferrocarril chileno que llega al puerto de Antofagasta, sobre el océano Pacífico. En ese ramal funciona el servicio turístico del Tren de las Nubes, que opera una empresa provincial con formaciones alquiladas al Belgrano Cargas.
En las zonas aledañas al ramal se encuentran varias explotaciones mineras de litio, oro y cobre interesadas en sacar su producción por el Pacífico para evitar los mayores costos de transportarla hasta los puertos de Rosario o Buenos Aires.
Según funcionarios salteños, el traslado por camión hasta los puertos de la hidrovía implica entre un 30% y un 40% más de gastos, y el flete interno resulta más caro que el transporte por barco de Rosario a Ámsterdam.
En tanto, el ramal C15, de 334 kilómetros, une Pichanal con Salvador Mazza, en la frontera con Yacuiba, Bolivia. Si bien actualmente no está operativo, su puesta a punto resulta clave para apuntalar el transporte ferroviario de productos agropecuarios y combustibles entre Argentina y Bolivia, además de aliviar el tránsito de camiones por la ruta nacional 34, que se encuentra colapsada y en mal estado.
Para la privatización del Belgrano Cargas, la gestión libertaria diseñó un inusual esquema de desintegración vertical que no tiene antecedentes a nivel mundial.
La licitación en curso prevé transferir inicialmente la concesión y explotación de las vías y de los inmuebles aledaños de las tres líneas de carga —Belgrano, San Martín y Urquiza— que están bajo la órbita de la empresa estatal. Los oferentes podrán presentar dos tipos de propuestas: una únicamente por la concesión y explotación de las vías, y otra que incluya también la compra del parque de locomotoras y vagones.
Las concesiones en juego para cada línea tendrán una duración de 50 años y, al igual que en las licitaciones de la hidrovía y las redes eléctricas del AMBA, existe una cláusula anti-China que restringe la participación de empresas vinculadas con gobiernos extranjeros.
Los pliegos establecen que, en los primeros cinco años, los concesionarios de cada línea deberán ejecutar un paquete de “obras obligatorias” que contará con financiamiento parcial del Estado mediante un fideicomiso específico, alimentado con la recaudación de las ventas de locomotoras y vagones.
A su vez, las oferentes podrán proponer “obras optativas” para realizar en un período de 15 años. Los proyectos que superen los u$s 200 millones quedarán habilitados para acceder a los beneficios económicos, fiscales y cambiarios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En el caso de la línea Belgrano —en cuya red se encuentran los ramales C14 y C15—, las empresas interesadas deberán acreditar antecedentes y experiencia “en la ejecución, rehabilitación, renovación o mantenimiento de obras específicas por un monto superior a u$s 150 millones”. Para las obras obligatorias, la sociedad que resulte ganadora podrá contar con financiamiento estatal de hasta u$s 78,5 millones.
Al frente de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que lleva adelante la licitación, está Diego Chaher, exgerente corporativo del Grupo Vila-Manzano y exinterventor de Télam. El organismo dejó afuera de las “obras obligatorias” a los estratégicos ramales del Norte Grande.
Si no se revierte esa exclusión, la nueva concesionaria no estará obligada a invertir en esos ramales. Si no le resultan rentables, podría solicitar la aprobación oficial para cerrarlos de manera definitiva, de acuerdo con las reglas de la licitación.
