El Gobierno definirá por decreto esta semana el aumento salarial a trabajadores públicos y privados, que de acuerdo a fuentes oficiales oscilaría entre $6.000 y $9.000, a cuenta de futuros aumentos pactados en negociaciones colectivas.
El incremento, se especula, quedaría eximido del pago de aportes y contribuciones patronales, pero sí aportaría a ítems como aguinaldo, indemnizaciones y vacaciones.
"La cifra podría oscilar entre los $6.000 y $9.000 va a tener carácter remunerativo al menos en lo que respecta a los aportes a obra social y jubilación", confirmó días atrás el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.
La norma que elabora el Ministerio de Trabajo busca, siempre de acuerdo a los portavoces del Gobierno, "recomponer el poder adquisitivo de los empleados", deteriorado por los altos índices de inflación.
El aumento también alcanzará a los empleados de la administración pública, y tendría carácter remunerativo; se cobraría de una sola vez en febrero, con el sueldo de enero.
La iniciativa en marcha establece que no se superpondrá con los incrementos pendientes de organizaciones sindicales que hubiesen negociado aumentos para los primeros meses de 2020.
