Dos firmas que manejan la comida hospitalaria y la limpieza de edificios estatales acumulan sanciones, denuncias laborales y señales de estrés financiero, pero siguen siendo contratadas por el Estado.
Empresas bajo sospecha: el caso Codyela y Distribon en la contratación pública
Codyela S.A. y Distribon S.R.L. integran el listado de proveedores más activos en el sistema de contrataciones públicas. La primera está a cargo del servicio alimentario en hospitales; la segunda, de la limpieza y mantenimiento de edificios administrativos.
Entre ambas concentran millones de pesos en adjudicaciones estatales. Sin embargo, sus nombres aparecen también en expedientes, sanciones y denuncias que exponen un patrón de incumplimientos sostenido en el tiempo.
Según registros oficiales, Codyela SA fue multada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no cumplir con los pliegos de contratación. En una unión transitoria con Biocam Catering SA, entregó insumos incompletos —entre ellos productos básicos como queso sardo—, lo que derivó en una sanción publicada en el Boletín Oficial.
Pero el caso más grave ocurrió en el hospital Interzonal José Penna de Bahía Blanca, donde personal médico encontró un caracol dentro de una ración de comida servida a pacientes. El Ministerio de Salud bonaerense intimó a la empresa, aunque la firma continuó siendo adjudicada en nuevas licitaciones.
El expediente revela una contradicción difícil de justificar: una empresa que sirvió alimentos con fallas graves de higiene sigue recibiendo contratos de los mismos organismos que detectaron esas irregularidades.
A eso se suman faltas formales que, para cualquier otro oferente, implicarían la exclusión automática. En una licitación reciente, Codyela se presentó sin la garantía de mantenimiento de oferta y sin los certificados de libre deuda sindical exigidos por UTHGRA y OSUTHGRA. Aun así, fue admitida en el proceso.
En paralelo, Distribon SRL —responsable de la limpieza en las torres del Centro Administrativo Gubernamental de La Plata— enfrenta denuncias por rebajas salariales, precarización y despidos prohibidos durante la pandemia. Once trabajadores con licencia médica por integrar grupos de riesgo fueron cesanteados en violación de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense.
En los hechos, una contratista estatal despidió personal protegido en plena emergencia sanitaria, mientras seguía facturando servicios al Estado.
Distribon SRL despidió trabajadores esenciales durante la pandemia.
El entramado entre ambas empresas no es casual. Registros públicos y testimonios sindicales identifican a Alejandro Raúl Davison y Norma Yolanda Leyva como los principales responsables de Codyela y Distribon. Davison figura como presidente y firmante de cheques en ambas sociedades; Leyva, en cargos directivos. Con distinto nombre legal pero los mismos dueños, las empresas compiten entre sí por licitaciones públicas, un esquema que dificulta el control estatal y erosiona la transparencia del sistema.
A ese cuadro se suma un dato clave: consultas a bases del Banco Central muestran señales de estrés financiero en las dos firmas. En sectores donde la continuidad del servicio depende de la solvencia empresarial —como la alimentación hospitalaria o la limpieza institucional—, ese indicador representa un riesgo operativo directo.
Distintos especialistas en control de gestión pública sostienen que la combinación de antecedentes sanitarios, conflictos laborales y fragilidad financiera justificaría una revisión inmediata de los contratos vigentes. Entre las medidas propuestas figuran la suspensión preventiva de proveedores con fallas graves, la obligación de auditorías externas y la presentación periódica de informes de solvencia ante el BCRA.
Codyela y Distribon son un caso testigo del sistema de tercerización estatal: empresas con historial de incumplimientos que siguen siendo elegidas para sostener servicios esenciales con fondos públicos.
Alejandro Raúl Davison, empresario vinculado al rubro de servicios tercerizados, figura como presidente y firmante de cheques tanto en Codyela SA como en Distribon SRL. En registros de la Inspección General de Justicia (IGJ) también aparece asociado a Biocam Catering SA, empresa con la que Codyela integró una unión transitoria sancionada por incumplimientos en la Ciudad de Buenos Aires.
Norma Yolanda Leyva ocupa cargos gerenciales en ambas sociedades y ha participado como apoderada en procesos de contratación pública. Fuentes sindicales la mencionan como interlocutora en conflictos laborales en el sector de limpieza y mantenimiento.
Davison y Leyva conforman así un núcleo empresario que opera bajo distintas razones sociales, con presencia simultánea en áreas sensibles de la gestión estatal: alimentación hospitalaria, limpieza institucional y servicios tercerizados.